Manuel Xool
Cuando se anunció en el año 2018 el proyecto del “Tren Maya”, el gobierno federal lo hizo junto con varios pronunciamientos destinados a revertir el saqueo histórico y discriminación que por cinco siglos ha vivido el pueblo maya. De los principales anuncios que el gobierno hizo fueron que en los ejidos por donde pasarían las vías del futuro tren -hoy ya en funcionamiento-, se harían socios a los ejidatarios. Sin embargo, a la fecha esta promesa desafortunadamente parece lejana, al mismo tiempo que imperan procesos de despojo, discriminación y violencia que se viven en la región.
A la par de los pronunciamientos ya indicados, se anunció una consulta al pueblo maya. Como se encuentra establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las consultas a pueblos originarios deben ser previas, libres, informadas y de buena fe. ¿Cómo fueron en su momento las consultas al pueblo maya? Fueron consultas que lamentablemente no cumplieron a cabalidad con las características mencionadas. Se hicieron cuando ya estaba en marcha la construcción de las vías y en las reuniones convocadas no se informó de los posibles impactos tanto negativos como positivos que podría generar la obra. Ante tal panorama uno se puede preguntar: ¿las consultas fueron de buena fe? ¿Los errores cometidos fueron por desconocimiento? O ¿Se realizaron éstas como una mera simulación?
La mega obra que representa el “Tren Maya” debió acompañarse de evaluaciones ambientales estratégicas y ordenamientos ecológicos territoriales. Realizar las primeras debió significar un mejor trazo socio-ambiental de las vías, una herramienta para frenar los despojos de tierras de uso social y generar nuevos proyectos productivos y sustentables para las comunidades de la península de Yucatán. Respecto de los segundos -de los mejores instrumentos de política ambiental en México-, quedaron, si acaso, en estudios previos, lo cual permitió el acaparamiento de tierras, despojos alrededor de las estaciones del tren, proyectos inmobiliarios que deforestan grandes extensiones de selvas, entre otros fenómenos que comprometen la vida de las poblaciones mayas.
Ahora el tren ya está en funcionamiento; un tren que se ha dicho es turístico -se ha dicho hasta el cansancio-, y que en ese sentido coadyuvaría al “desarrollo” de las poblaciones mayas. Sin embargo, este “Tren Maya” paraece no ser y estar pensado para los mayas. En vez de fortalecer el turismo comunitario en la península de Yucatán, los gobiernos estatales y federal hasta ahora han preferido invitar a los grandes consorcios hoteleros a invertir con nuevos hoteles y servicios en las localidades donde están localizadas las estaciones del tren.
En este panorama, la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario (APTC), que agrupa a más de 30 empresas turísticas del sector social, ha intentado un acercamiento con el gobierno para que sean escuchadas sus propuestas. Después de cientos de reuniones y muchas horas de diálogos lograron, momentáneamente, que este turismo fuera visible a los ojos del gobierno. A mediados del 2021 la APTC firmó un convenio con FONATUR e INAES para fortalecer al turismo comunitario; convenio que resultó ser un espejismo y que sirvió para legitimar las acciones del gobierno en torno al tren maya; espejismo, porque una vez legitimado el tren, el gobierno, casi de manera inmediata, se ha olvidado del convenio; por más que la APTC ha buscado nuevos acercamientos, sistemáticamente han sido ignorados.
Lo señalado refleja la deuda pendiente que se tiene respecto del pueblo maya y lo lejana que se ve la justicia social. Transformar las acciones y generar procesos más democrácticos, incluyentes y respetuosos de la diversidad es un camino pendiente, así como lo es también el respetar los acuerdos y/o convenios ya firmados o establecidos entre diversos actores. Hasta ahora, el gobierno parece seguir la tendencia de un modelo neoliberal de acumulación de la riqueza en pocas manos y mantener en la pobreza e invisibilizar a quienes por miles de años han vivido en las tierras del mayab.
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