Militares, sabadazo y conflicto en el gabinete

Pocos conflictos han mantenido el impacto mediático que hasta la fecha tiene la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Los acontecimientos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 todavía repercuten en la agenda política nacional en buena medida porque se considera un asunto no resuelto, en el que lo que se tiene es un culpable abstracto: “fue el Estado”, es una triste conclusión, cuando a los alumnos se les presume muertos, pero no se han encontrado los restos de todos; cuando se presume la participación de funcionarios municipales y estatales, protegidos por algunos federales, pero estos se encuentran libres, y también se sospecha de las fuerzas armadas, y se mantienen las acusaciones de que no se ha proporcionado toda la información a los padres de familia.

Este martes, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que se había comunicado con Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alertándola que “se veía venir” la liberación de ocho militares acusados de ese caso, y aún así se dio el sabadazo. Es decir, un juzgado -no la SCJN -ordenó que los señalados pudieran seguir su proceso en libertad, que no los exculpó. Simplemente se les cambiaron las medidas cautelares.

La liberación ha producido reacciones encontradas en el gabinete presidencial. Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y ex presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para este caso, y que en 2005 sustituyó a López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, lamentó que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “litiguen contra la investigación que dirigió el presidente de México”, como si los militares no tuvieran derecho a una defensa.

Por su parte, el Presidente expresó su desacuerdo con lo dicho por Encinas, aunque dirigió sus baterías al Poder Judicial, del cual dijo que desde el inicio protege a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupa de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes. Omite decir que los jueces no tienen facultades de investigación, y ésta es una responsabilidad del Ejecutivo a través de la Fiscalía General de la República, que es la que debe presentar las carpetas de investigación debidamente sustentadas, así como señalar a todos los responsables de las desapariciones.

Por lo general, un sabadazo opera en sentido contrario: a un indiciado se le detiene en fin de semana, impidiéndole recurrir al amparo por tratarse de días inhábiles, mientras las autoridades reúnen más pruebas u obtienen una confesión. Esta vez, a los inculpados se les liberó sin permitir a la autoridad aportar nuevos elementos que justificaran mantener la prisión preventiva. 

La libertad que decretó la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo no puede desprestigiar a todo el Ejército, que como institución ha crecido en presencia en lo que va del sexenio, y con una notable contribución en lo que respecta a obra pública. En cuanto quede claro que las desapariciones se atribuyen a elementos específicos de las fuerzas armadas, y que también las investigaciones indiquen hasta dónde llegó la cadena de mando, podrá decirse que la actual mancha sobre el Estado puede limpiarse.

Pero mientras, debe entenderse que en el sistema judicial que rige en el país, la carga de la prueba recae en la parte acusadora; es decir, ésta tiene la responsabilidad de probar sus afirmaciones, vale igual en un asunto civil o en uno al que se quiera llamar de Estado, porque el Poder Judicial también es un órgano del Estado.

Quedan todavía cuatro militares en prisión preventiva, por el mismo caso. Pero pareciera que el país sigue entrampado buscando la verdad sobre los acontecimientos, y la búsqueda cumplirá pronto 10 años, sin que nadie esté satisfecho con los resultados. El efecto, mientras, ha sido el resquebrajamiento de varias instituciones en todos los poderes y niveles del Estado.

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Edición: Estefanía Cardeña