Políticas públicas y cultura política

Carlos Ricardo Aguilar Astorga*

Cultura política y políticas públicas comparten variables difíciles de separar, ambas conllevan sus nexos con el poder, planteando escenarios en los que las relaciones entre dominantes y dominados se explican. Dicho más sucintamente, en este proceso relacional los patrones de conductan se construyen mediante relaciones de poder.

Por un lado, a la cultura política podemos entenderla como aquellas representaciones en ideas, ideologías, símbolos, imaginarios, valores, etcétera, que dan cuenta de relaciones de dominio; por otro lado, las políticas públicas, son aquellas acciones que una entidad con autoridad pública conforma para dar cuenta de problemas sociales específicos, no obstante, esas acciones están atravesadas por criterios hegemónicos. Lo que aquí se quiere destacar es que, en ambos casos, la ciudadanía subyace como factor central. 

Mucho se habla de las políticas públicas como acciones verticales en tanto oferta gubernamental frente a un problema aquejante de una ciudadanía pasiva. Nada más erróneo que eso, pues la política pública desde su conceptualización en los 50´s, plantea claramente la participación activa de la ciudadanía, esto la diferencía de la típica política gubernamental que formula, diseña e implementa de manera aislada, como si se tratara de que el ente gubernamental tuviera el monopolio del interés público y de las decisiones.

Señalar a la política pública como la mera acción aislada y vertical de un ente llamado gobierno habla en sí mismo de una cultura política implícita. Tener políticas verdaderamente públicas, implica una cultura política en la que los imaginarios, valores, símbolos, etcétera, reformulen las relaciones de poder entre dominantes y dominados. De este modo podemos dar cuenta que tanto las políticas auténticamente públicas en su interrelación con la cultura política, reformulan y condicionan los patrones de conducta de una realidad social específica.

Es bien sabido que nuestro sistema político mexicano tiene patrones culturales específicos que urge cambiar. Modificar la “servidumbre voluntaria” implica mayor intervención ciudadana en las relaciones de poder que también dan cuerpo y forma a las políticas públicas. La tarea de estas no es simplificarlas a ser la “caja de herramientas” sino que al ser también un espacio de confrontación de ideologías, ideas, símbolos, imaginarios, tienen la potencialidad de desdoblarse en reajustes de la maquinaria que rijen las relaciones de poder. 

El carácter electoral en el que se ha centrado nuestra democracia da cuenta de lo escaso de las decisiones ciudadanas en las políticas. Pareciera ser que, entre más se habla de participación ciudadana, menos peso decisional se tiene en proyectos, programas y políticas “públicas”. Del mismo modo, en un contexto donde se promete mayor participación, las grandes decisiones están más centralizadas que nunca. Mucho del discurso democratizador de las últimas décadas terminó en su contrario, en ampliar diques a la participación, trasmutando lo público participativo en meros espectáculos electorales. 

Es así que la cultura política permite observar cómo los valores públicos devienen en anhelos privados; los ejemplos sobran: especulación inmobiliaria, manejo discrecional de medicamentos, procesos electorales que se comen la democracia, una justicia selectiva y un largo etcétera.

Como podemos dar cuenta, los problemas públicos son cada vez más complejos, pero no así los programas y proyectos sociales que son diseñados desde ópticas minimalistas, pues con este mantra de la austeridad, siempre hay que hacer políticas con menos recursos generando estrategias cada vez más (micro) específicas. Es decir, los problemas sociales se hacen más complejos, pero las políticas que han de abatirlas se diseñan desde una mirada microscópica y desarticulada.

En esta lógica, la exigencia ciudadana se vuelca en demandas no solo concretas sino válidas. Recordemos que, desde el siglo pasado, los gobiernos no tienen el monopolio de las soluciones públicas ni tampoco de las decisiones (quien lo dude puede revisar las capacidades de cualquier gobierno nacional o subnacional durante el Covid-19); es la ciudadanía la que marca la pauta de las dimensiones, parámetros, escalas y profundidad de los problemas sociales. 

Bien podríamos repensar el carácter público de la política, es decir: imaginar y reformular verdaderas políticas públicas apoyados en la cultura política para darnos cuenta que es impostergable un nuevo acuerdo entre la sociedad con el gobierno.

* Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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Edición: Fernando Sierra