Pensiones y presupuesto: el frágil equilibrio

Entre los principales temas de la agenda política presentados para este año está la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso este 5 de febrero, con el fin de que quienes se encuentran en situación de retiro laboral cuenten con un ingreso digno, ya que actualmente perciben menos de la mitad del salario obtenido mientras trabajaban en la formalidad.

La situación de vulnerabilidad en que se encuentra un sector de la población que apenas está pasando al retiro, compuesto por quienes comenzaron a cotizar en 1997, obedece a una reforma impulsada durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Los motivos para el cambio en ese entonces fueron la mala administración de la gran bolsa formada por las aportaciones tripartitas para jubilaciones y pensiones, pero también que ya empezaba a verse una inversión en la pirámide poblacional. Es decir, era previsible que en un breve lapso se pasaría de tener más personas en el retiro que jóvenes aportando al sistema, lo que haría incosteable seguir manteniéndolo desde el erario; de ahí que se optara por Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores), de carácter privado.

La promesa del Presidente es que buscará que quienes lleguen a la jubilación reciban la totalidad de su último salario. Se escucha justo, aunque una lógica liberal diría que es irresponsable y una carga desproporcionada para las finanzas públicas; una idea que reforzó este miércoles la publicación del gasto público destinado a pensiones, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, monto que ascendió a un billón 302 mil 736.1 pesos durante 2023; lo que se traduce en 16 de cada 100 pesos, convirtiendo a este rubro en el gasto obligatorio más grande para el erario.

Hasta ahora, el contenido de la reforma que enviará López Obrador al Congreso es desconocido. Únicamente se ha adelantado que el objetivo es “corregir la legislación antiobrerista”. En congruencia con su postulado “por el bien de todos, primero los pobres”, resulta entendible que el gobierno busque que los trabajadores puedan retirarse con la totalidad de su último salario, pero queda pendiente resolver el cómo.

Independientemente de que lo que se busca sea una reforma constitucional -para la cual el partido del Presidente no cuenta con los suficientes votos -, la discusión está en la composición demográfica del país, y si es posible ampliar la base trabajadora formal, que aporte a un fondo nacional para el retiro; si la actual generación de jóvenes lista para incorporarse al mercado laboral puede hacerlo en condiciones justas. Lo otro es si la esperanza de vida permitirá mantener el ritmo de gasto.

A la demografía difícilmente se le engañará: si menos jóvenes ingresan al mercado laboral formal, y la población en edad de retiro aumenta, la catástrofe financiera estará a la vuelta de pocos años. Podría quemarse el otro extremo de la vela, pero aumentar la edad de retiro es una idea sumamente costosa en términos políticos. Francia es el mejor ejemplo de ello.

Muy por el contrario, la legislación vigente, promovida en la actual administración, estableció la reducción en el número de semanas cotizadas para acceder a la jubilación. Primero fue un desplome de mil 250 a 750, en 2021, pero en 2031 el trabajador deberá haber cotizado mil semanas para poder recibir una pensión; esto equivale a poco menos de 20 años siempre y cuando se esté en un empleo formal.

La discusión de la reforma requiere un ejercicio de comunicación responsable, tanto del Ejecutivo, que deberá enviar una iniciativa integral y acompañarla de información detallada, como del Legislativo, donde no pueden imperar ni el mayoriteo ni la mezquindad política. Un retiro justo para quienes ya contribuyeron con su trabajo a las finanzas del Estado es una obligación moral de cualquier sociedad, y no botín de los partidos.

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Edición: Fernando Sierra