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Las reformas constitucionales

La narrativa de la 4T es que hay que recuperar el espíritu de la Carta Magna de 1917
Foto: Juan Manuel Valdivia

Como bien sabía Don Miguel de Unamuno, hay pocos recursos tan eficaces como la paradoja para estimular a la reflexión. Por eso elijo una paradoja para iniciar estas breves consideraciones acerca del paquete de reformas a la constitución, recientemente encadas al legislativo por el gran timonel: me parece que si hay algún área del derecho que no tendría por qué dejarse en manos de los abogados es la del derecho constitucional. Y aunque la carta magna es en efecto una constitución política, su importancia para la construcción de la nación es de tal magnitud que resulta irresponsable dejarla en manos de los políticos.

La narrativa de la 4T es que hay que recuperar el espíritu de la constitución del 17, en una especie de saltar para atrás para ir hacia adelante. Pero no puedo evitar la impresión de que los constituyentes del diecisiete no reconocerían en la carta magna vigente el día de hoy más que algunos rasgos del espíritu que ellos quisieron plasmar en aquel fantástico ejercicio de invención de un país. De 1917 a 2024, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido tantas reformas, adiciones, y modificaciones que es ya una colección de retazos como una suerte de “colcha de parches” de las que confeccionaban las abuelas. Interpretar su contenido de una manera que resulte remotamente coherente, y convertirlo en la base que permita diseñar un marco jurídico robusto, congruente con la realidad actual y las aspiraciones contemporáneas de los mexicanos, resulta en una avalancha permanente de controversias, u obliga al ejecutivo, a los legisladores, y a las jurisdicciones locales, a “sacarle la vuelta” de mil maneras a lo que establece lo que debiera ser la ley suprema nacional. No es casual que el titular de la actual administración haya dicho aquello de “a mí no me vengan con que la ley es la ley”. Si el jefe del estado – y del gobierno – considera que esta es la postura que debe asumir para poder ejecutar la política pública, pone en tela de juicio el propósito mismo de la constitución política, y en entredicho el imperio del estado de derecho.

 

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Por otra parte, esta circunstancia obliga a que muchas de las decisiones que pone en marcha el ejecutivo, o que proponen los órganos legislativos, terminan por desencadenar procesos que acaban en las salas de la suprema corte de justicia. No importa en realidad cuál es su composición, o si sus jueces son afines o no a otro de los poderes, ni cómo han sido electos. Si la corte funciona cabalmente como un árbitro que acote la actuación de los demás poderes, y evite la tentación de la arbitrariedad y la unilateralidad, estará obligada a contrastar las leyes propuestas y las políticas públicas controvertidas con la letra de la carta magna; y al hacerlo, tendrá que determinar si se derogan, o se devuelven a los otros poderes para su reformulación, o si se determina que la constitución sirve para poca cosa, y lo que determina el curso de la vida nacional es la disposición de los grupos que detenten el poder de hache, convirtiendo al país en el imperio de la proverbial “ley de la selva”.

O en un régimen autocrático y autoritario.

Ahora, justo cuando el país entra en una etapa de franca lucha por el poder, tras seis años de la construcción deliberada de una polarización de “los nuestros contra los otros”, el “pueblo bueno y sabio, contra los conservadores ladrones, deshonestos y mentirosos” o, en fin “nosotros los buenos contra todos los demás, malísimos”; así, sin matices, donde si no estás de acuerdo con cualquier cosa que se quiera incluir en el bolso de Mary Poppins llamado cuarta transformación, estás contra el pueblo de México; cuando entramos en el proceso electoral más grande de la historia nacional, desde palacio se nos receta una serie de veinte reformas constitucionales, que van desde la desaparición de varios organismos autónomos que dificultan la concentración del poder en el ejecutivo, hasta cuestiones tales como el bienestar animal, que habría que ver si merece formar parte de la carta magna.

La candidata del partido en el poder no tardó en decir que apoyaría sin cortapisas estas reformas, con lo que quedó claro que ofrecerlas precisamente ahora ha sido una forma de participación abierta del presidente en el proceso electoral, cosa que la propia constitución establece como inadmisible. La candidata de la oposición se enfrenta entonces a una situación por demás incómoda: si dice estar de acuerdo con algunas de las reformas, porque además son anheladas por una porción importante del electorado, y suenan realmente deseables, como la de las pensiones, o la que se refiere a los apoyos a la vivienda, dejará de representar una franca oposición; y si sostiene que se opone a otras reformas, por las razones que sea, legítimas o no, estará diciendo que se coloca contra las aspiraciones de “la gente”, con lo que tenderá a disminuir su base electoral. El asunto le resultaría más sencillo si estuviera en posición de ofrecer un programa de acción, o un proyecto de país, pero al parecer no han logrado construir una propuesta consistente. El tercer candidato parece limitado a los linderos del estado de Nuevo León.

Entiendo que nuestros actores políticos son amigos del ritual y la costumbre, y a veces parece que sin la rutinaria repetición de las fórmulas y los códigos no podemos funcionar como país. Entiendo que así las cosas, es difícil que se reconozca que la constitución del 17 ya no refleja la realidad del país, que remendarla no recuperará el espíritu de los constituyentes de entonces, y que honrar su memoria no es suficiente para dar solidez y vida a la nación que hoy deberíamos pretender construir. Quizá habría que romper nuestra afición ritualista, y pensar seriamente en convocar un nuevo constituyente, donde no solamente participen políticos y abogados, y donde podamos reconstruir la visión de México, proponiendo una nueva constitución política.

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Edición: Estefanía Cardeña


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