Regularizar a mexicanos, ¿sin darles oportunidades?

La situación de millones de mexicanos en Estados Unidos es un tema que lleva por lo menos media centuria en la agenda diplomática binacional, sin visos de un arreglo que deje satisfechas a ambas partes y mientras se mantiene como en la lista de asuntos de los que se puede sacar provecho políticamente por todas las facciones, en ambas márgenes del río Bravo.

Tomando en consideración que tanto México como Estados Unidos se encuentran en año electoral, no resulta extraño que justo ahora se tenga el tema de nueva cuenta en la discusión pública. Lo mismo habla el aspirante republicano Donald Trump, urgiendo a concluir el gigantesco muro entre ambos países, que los respectivos presidentes; uno defendiendo una nueva ley de migración y el gobierno mexicano insistiendo en que las autoridades estadunidenses regularicen a más de 5 millones de connacionales que llevan más de cinco años viviendo y trabajando en el país vecino, incluyendo a los que llegaron en la infancia, comprendidos en la medida de Acción Diferida o DACA, conocidos como dreamers.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno de México resaltó este lunes que la contribución de los mexicanos al erario estadunidense es mayor al Producto Interno Bruto de Colombia, o que cada mexicano aporta al fisco de las barras y las estrellas el doble de lo que tributa alguien nacido en ese país. A esto debe agregarse la calidad de los trabajos a los que puede acceder un mexicano sin papeles y escolaridad mínima; es decir, que el pago de impuestos lo realiza en condiciones de desventaja.

La canciller agregó que “los mexicanos estamos contribuyendo mucho más, incluso a mantener el gobierno” de Estados Unidos.

Llama la atención que la titular de la SRE haya empleado la primera persona del plural para hacer referencia a la aportación mexicana al erario estadunidense; como si ella o el gobierno que representa pagaran algo al Income Revenue Service. Quienes de verdad están cumpliendo con el fisco son los connacionales que tuvieron que abandonar México para establecerse en Estados Unidos, muchas veces venciendo obstáculos inimaginables y persecuciones por parte de la Border Patrol, o leyes que permiten a las autoridades locales solicitar papeles por tener aspecto de mexicano.

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La narrativa del problema es, en ambos países, unilateral. Ninguna autoridad se ha pronunciado por establecer una mesa de diálogo para llegar a una solución conjunta. Precisamente la DACA, que data de 2012, una acción promovida por el gobierno de Barack Obama, parecía ser una medida viable para la regularización de un sector de la población estadunidense que, por la edad en que ingresó al país, han hecho toda su vida social, educativa y laboral en los Estados Unidos y difícilmente tiene un lazo con México. Sin embargo, no hay un consenso interno para mantener su aplicación.

México, mientras, se ha aferrado a la idea de la injusticia que es el mantener a los mexicanos residentes en Estados Unidos en la marginación. Sin embargo, dice poco acerca de los pocos o nulos estímulos que tienen esos mismos que se vuelven migrantes para permanecer en el país, en esa felicidad que, según la propaganda oficial, brindan la familia y la comunidad. No han faltado presidentes que afirmen que la migración hacia el norte es cultural, cuando en realidad se trata de un desplazamiento por carencia de oportunidades.

La importancia de los mexicanos en Estados Unidos no es desconocida para nadie. El movimiento económico que producen, además de la mencionada contribución fiscal en la que insistió la SRE, son del conocimiento de las autoridades estadunidenses. El filme Un día sin mexicanos, que fue más consumido en México que en Estados Unidos, mantiene la premisa de que, de alguna manera, los mexicanos tienen un peso específico sumamente importante como para que se les ignore. Sin embargo, de reconocer su aportación a concederles derechos como ciudadanos hay un largo trecho.

Pero, por otro lado, en México nadie se ha puesto a hacer cálculos sobre lo que sería si en algún momento los connacionales que se encuentran en Estados Unidos fueran forzados a regresar. Es muy válido envalentonarse y preguntar quién sabe con quién van a trabajar el campo en Estados Unidos, pero tampoco se ha puesto la suficiente energía en acabar con las causas que produjeron la migración, por principio.

Es decir, la pregunta que debiera importar en México es qué haríamos con los 37.7 millones de personas de origen mexicano que simplemente no están hoy en el país, que envían 63 mil millones de dólares cada año, superando cualquier otra actividad económica. ¿Qué se tendría que hacer para evitar un conflicto social o qué medidas tomar para que el crecimiento económico del país sea suficiente como para que la migración deje de ser la opción para conseguir una vida digna?

 La solución es compleja y no pasa por la agenda electoral, sino por el diálogo continuo entre ambos países.

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Edición: Estefanía Cardeña