Pobreza laboral en el imán de inversiones

Suena a una situación de esas en las cuales alguien puede exclamar “¡yo tengo otros datos!”, nada más que las cifras contradictorias vienen de quienes supuestamente han resultado beneficiados en los últimos años.

En las últimas semanas, organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dieron a conocer que la clase media en Yucatán aumentó sus ingresos en 46 por ciento; también que esta misma entidad es una de las tres con menor índice de desempleo, muy por debajo de la media; en el ámbito local, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) reportó que los migrantes yucatecos radicados en el extranjero enviaron más de 434 millones de dólares en remesas; una cifra récord.

En Campeche y Quintana Roo, la obra pública está produciendo una derrama económica adicional a la que dejan los gobiernos locales y la iniciativa privada. Sin embargo, en la segunda entidad, el Inegi dio a conocer que la población económicamente activa (PEA) cerró 2023 con tendencia al alza, y que el porcentaje de desocupación había sido de 2.6 por ciento.

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Fuentes de empleo, existen. Sin embargo, en ninguna de las tres entidades puede afirmarse que las remuneraciones sean suficientes para satisfacer las necesidades mínimas de su población. En el estado mejor posicionado en el reporte de pobreza laboral al cuarto trimestre de 2023, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), uno de cada cuatro habitantes no puede adquirir la canasta alimentaria.

Pobreza laboral no es otra cosa que el término políticamente correcto para decir que la remuneración por el trabajo no alcanza para adquirir una canasta básica, es decir, se incumple con el ordenamiento constitucional, que indica que el salario mínimo general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Estamos hablando entonces de que el poder adquisitivo real de los trabajadores no ha aumentado a la par de las inversiones que se han atraído a la península y que los incrementos en alimentos, bienes y servicios han pulverizado cualquier mejoría en los ingresos nominales de la población.

Esto explica otra medición publicada recientemente por el Inegi, según la cual los tres estados peninsulares se encuentran entre los cinco primeros en donde la economía informal repuntó durante 2023. La implicación es que cada empleado formal busca también un ingreso adicional, aunque en éste no tenga vacaciones, aportaciones para fondo para el retiro, cuenta de vivienda o vacaciones.

Los “otros datos” hacen dudar de la calidad de vida en la península de Yucatán. De los tres estados, Quintana Roo es donde menos personas se encuentran en pobreza laboral, pero es el 25 por ciento de su población (uno de cada cuatro habitantes); en Yucatán, se indica, el porcentaje no es mayor al 35 por ciento, mientras que en Campeche es del 37.1 por ciento, apenas arriba de la media nacional.

Cuando la cita con las urnas está próxima, el tema es uno que esperamos en la agenda de los candidatos tanto a nivel federal como estatal, porque quienes más afectados resultan son precisamente quienes tienen menos ingresos, pero también refleja que las inversiones que se atraen permean hasta un estrato social y los puestos laborales creados están diseñados para mantener a los trabajadores por debajo del umbral de pobreza; esto como consecuencia de las mismas políticas de atracción de inversiones, cuyo principal efecto ha sido encarecer la vivienda; esto sin tomar en cuenta que en la península se dio también la mayor inflación en alimentos. 

Será momento de prestar atención y ver en qué punto escuchamos propuestas para hacer que las autoridades incidan en la protección al ingreso de los trabajadores y esto implica vigilar que se cumpla con la normativa laboral y en cuanto a oferta de vivienda.

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Edición: Estefanía Cardeña