Elecciones 2024: ¿se busca injerencia española?

Históricamente, una de las relaciones diplomáticas más importantes para México ha sido con España. Una vez consumada la independencia, la misión mexicana que pretendía obtener el reconocimiento de la antigua metrópoli se dedicó intensamente a solicitar del monarca Fernando VII el establecimiento de una relación entre naciones soberanas, algo que únicamente se consiguió hasta 1836, tres años después del fallecimiento del soberano.

Otro momento delicado fue el restablecimiento de relaciones en 1977, tras la muerte de Francisco Franco. El tacto del entonces presidente, José López Portillo, alcanzó para designar a su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz, para el cargo, pero éste renunció un mes después.

En los últimos años hemos sido testigos de discursos en los que personajes de la política española se manifiestan sobre la situación mexicana. En enero de 2006, el ex presidente español José María Aznar expresó que deseaba “que Felipe Calderón sea el nuevo presidente de México”, lo que condujo a la intervención del Senado.

Ahora ha sido, por un lado, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, marquesa de Casa Fuerte y diputada en las Cortes Generales de España, e igualmente vocera del grupo parlamentario del Partido Popular, con el cual el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene una sólida relación ideológica. La parlamentaria, durante el Festival de las Ideas, expresó que México “está siendo tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo.” Su discurso, también, dedicó varios elogios a la candidata Xóchitl Gálvez.

Con pocas horas de diferencia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) difundió un mensaje atribuido al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como líder de la Internacional Socialista (IS). El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desmintió el mensaje, y lo calificó como fruto de una “burda manipulación” realizada por el líder priista Alejandro Moreno Cárdenas.

La maniobra de Alito fue atribuirle al presidente español una declaración que incluía un llamado a actuar de manera concertada “para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México”.

Este miércoles, otro acto llama la atención y aunque en apariencia está desligado de la política electoral, lo cierto es que terminará por incidir en ella. En Alcalá de Henares, la ONG mexicana Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) recibió el Premio Derechos Humanos Rey de España, de manos de Felipe VI. En apariencia, la distinción está inspirada por un innegable sentimiento de empatía y solidaridad con el dolor de quienes buscan a sus familiares, víctimas de desaparición forzada.

La organización distinguida nació en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Hoy aglutina a casi 600 familias. El objetivo de Fundej apela a la humanidad de cualquier persona, sin embargo, debe reconocerse que por lo mismo, no debiera existir ninguna asociación con ese fin; no porque nadie debería buscar a sus familiares desaparecidos, sino porque en primer lugar nadie tendría por qué padecer una desaparición forzada, y en segundo porque la averiguación de los hechos y la localización de las personas es una obligación de las autoridades; específicamente de las fiscalías a nivel estatal y federal.

La estimación es que en México hay 110 mil personas desaparecidas, más del 10 por ciento de ellas en Jalisco. A sus familiares, a quienes les buscan, no les interesa en qué gobierno fueron sustraídas, ni los motivos. Únicamente quieren reunirse de nuevo con ellos y esto implica muchas veces suplir a la autoridad y asumir que también se ponen en riesgo de desaparecer.

El diagnóstico de Felipe VI es certero: la desaparición de una sola persona erosiona la confianza en las instituciones y desafía la conciencia colectiva. Los desaparecidos no votan, pero quienes acuden a las urnas sabiendo de estas historias difícilmente votan porque tal o cual candidato les parece más simpático; al contrario, marcan la boleta pensando en las instituciones que no les han funcionado, y por ello es de destacar que el embajador de México en España, Quirino Ordaz, no acudiera a la ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares.

Posiblemente ningún llamado proveniente de políticos españoles haga mella en la intención del voto, pero la repercusión que tiene un premio como el Derechos Humanos Rey de España, sí puede tener un efecto en los comicios, mucho mayor a la dotación económica que recibió Fundej, que no llega a medio millón de pesos.

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 Edición: Fernando Sierra