Marcela Muñoz, entre el desplante y el cese

La situación que enfrenta Campeche por el paro de la Policía Estatal viene del inicio de la actual administración. Marcela Muñoz Martínez asumió en 2021 la titularidad de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y desde entonces ha sido cuestionada porque su llegada coincidió con el desplome de los índices delictivos en esa entidad. 

Asimismo, la funcionaria ha sido señalada porque, por recomendación suya, su hija Samantha Bravo Muñoz obtuvieron los cargos de directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen; mientras que su hijo Arturo fue designado vicefiscal, aunque por carecer del tiempo de residencia legal para ocupar el puesto se le nombró Director General de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado.

A los señalamientos de nepotismo, la propia gobernadora, Layda Sansores San Román, reviró en su momento, a finales de noviembre de 2021, que se trataba de un problema de misoginia porque Muñoz Martínez “es muy capaz y muy bella, y quienes ya no podrán hacer negocio están molestos que una mujer no ceda ante sus caprichos”.

Con este antecedente se explica el desplante de Marcela Muñoz en el Congreso campechano, donde dijo que ella no renuncia y que será la gobernadora quien tome la decisión de retirarle el mando de la policía estatal.

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Mientras tanto, en Guerrero, los diputados decidieron destituir a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, quien se había negado a renunciar tras el abuso de autoridad cometido contra Yanqui Kothan, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, muerto a manos de la policía.

Este martes, Muñoz Martínez compareció ante el Poder Legislativo, luego de dos años de negarse a ello, lo que de antemano pone en entredicho su disposición a la rendición de cuentas, lo que debiera ser un ejercicio regular en cualquier Estado que se precie de republicano y democrático. La funcionaria confirmó la mala planeación del protocolo de extracción para los ocho reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, que debían ser trasladados a Michoacán.

Más que echarle la culpa a la subsecretaria del Sistema Penitenciario de Campeche por no haber solicitado la presencia de elementos federales, pudo haberse presentado un balance de lo que falló en el operativo. La presencia o no de otras corporaciones policiacas es algo que se considera antes de poner en marcha la operación. Si por el contrario se insistió en llevarla a cabo, esto debió ser garantizando la seguridad de los policías que ingresaron al Cereso.

La funcionaria reconoció que 20 mujeres policías, del programa Mujer Valiente, fueron la vanguardia de la fuerza pública en el operativo de extracción de los reos. Ahora, el programa mencionado, como anunció la misma Muñoz Martínez hace apenas hace una semana en el Martes del Jaguar, es para atender los llamados de violencia familiar, específicamente violencia contra la mujer. ¿Era entonces necesario que las 20 policías encabezaran, e incluso participaran en el operativo de extracción, considerando que su preparación y equipamiento es para atender otro tipo de situaciones?

Hace una semana, Marcela Muñoz le pedía a la gobernadora ampliar la convocatoria para la Academia de Policía, a fin de que más mujeres se incorporen a la fuerza pública porque “el simple hecho de ver mujeres con el uniforme policial, verlas en acción atendiendo a los ciudadanos, motiva a otras campechanas a querer ser policías”. Las agresiones sexuales que sufrieron las uniformadas seguramente harán que más de una reconsidere la idea de ingresar a la Academia, lamentablemente.

El resultado del fracasado operativo es que se creó entre los elementos policiacos el sentido de unidad en la desconfianza hacia sus mandos, quienes son responsables de la mala planeación y en consecuencia peor ejecución del operativo.

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Entre el desplante de Muñoz Castillo de no renunciar a su cargo e insistir que será la gobernadora quien tome la decisión, y el mensaje de apoyo a la funcionaria desde las redes sociales oficiales de la titular del Ejecutivo campechano, el conflicto crece, pues ahora los taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) se han pronunciado por respaldar a los elementos policiales, quienes se sienten agraviados por la presión para aceptar propaganda política de los candidatos oficiales. Ambos grupos coinciden en que las dependencias que norman su trabajo diario no les respetan, y esto puede hacer crecer el conflicto.

La crisis está ahí, y los campechanos tienen tres opciones: esperar que la gobernadora dé un golpe de timón y reorganice su gabinete, que el Congreso asuma su papel de contrapeso del Ejecutivo e imite a su símil de Guerrero, o expresarse en las urnas. Las familias de los policías y de los taxistas seguramente votan.

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Edición: Fernando Sierra