Campeche: crisis de seguridad, crisis de gabinete

Por lo general, Campeche figura constantemente entre las cinco entidades más seguras del país y en más de una ocasión ha aparecido en el primer lugar; esto en años recientes. Sin embargo, este fin de semana, quedó demostrado que el modelo de fuerza pública que se tiene, a nivel estado, adolece de serias deficiencias que terminaron impactando en varias áreas del Ejecutivo local.

El traslado de ocho reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén a cualquier otra instalación, debe ser, en Campeche como en cualquier otra entidad o incluso entre cárceles estatales a federales, un operativo eficiente, planeado para llevarse a cabo rápidamente y sin poner en riesgo la seguridad de nadie: ni de los policías, ni de los demás presos. Esto falló el viernes pasado, y el resultado fueron 30 heridos, entre ellos 20 integrantes de las fuerzas del orden.

La inconformidad de los uniformados condujo a la protesta. Ésta se entiende porque lo fallido del operativo, en el cual intervinieron 280 agentes, creó un ambiente de desconfianza absoluta hacia los líderes de la corporación, comenzando por la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, quien ha sido cuestionada por su actuación prácticamente desde que tomó posesión del cargo.

La desconfianza de los agentes surge por no contar con la información oportuna y suficiente sobre a dónde eran enviados, cuál era la tarea a ejecutar y por consiguiente, cuál era el protocolo de actuación.

Enviar a mujeres policía a la vanguardia, sin el equipamiento mínimo de protección para el operativo, es un mensaje sumamente fuerte para toda la corporación: a los mandos no les interesa lo que suceda con el área más vulnerable de la fuerza pública, esto incluso si la Secretaría se encuentra a cargo de una mujer.

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De nueva cuenta: para la extracción de ocho internos del Cereso, los policías debieron estar informados del protocolo a seguir, de las áreas por las que debían atravesar, si el recorrido era el que ofrecía el menor contacto con los demás reos, y el tiempo máximo estimado para ejecutar el operativo.

Varias de las reacciones que se atribuyen a las mujeres policías que estuvieron en el operativo, tienen una explicación simple y que a la vez pone de manifiesto la complejidad de la situación dentro de la SPSC. Experimentaron el miedo al ser amenazadas por los reos y saber que, sin armas de ningún tipo y sin el equipo suficiente para su protección, es sumamente probable que terminaran por desconfiar de su entrenamiento.

La protesta de los policías incluyó tomar la sede de la SPSC y abandonar sus labores. Su ausencia fue más que notoria en la capital del estado, que precisamente este fin de semana recibió a miles de personas con motivo del Ironman 70.3 Campeche, en el cual participaron mil 500 atletas provenientes de 23 países. El cierre de calles estuvo a cargo de la propia organización del evento, y mientras no hubo quién orientara a los conductores sobre vías alternas; incluso en tramos del malecón se observó que los automovilistas ocupaban un carril, convirtiéndolo en vía de doble sentido, sin que hubiera nadie para dirigir el tránsito y la incorporación a otras vialidades.

Hasta donde se tiene noticia, el paro de los policías no tuvo mayor repercusión. Ni se desató la delincuencia, ni la ciudad cayó en el caos. Eso sí, la presencia de la Guardia Nacional fue más que notoria, pero realizando tareas que no son aquellas a las que debe dedicar su atención. Nuevamente, un turista suele acudir con un patrullero o agente de tránsito para prácticamente cualquier información relacionada con direcciones; no así con un Guardia Nacional.

Las demandas de los elementos del orden en cuanto a mejores condiciones de trabajo, de remuneración, uniformes y equipo de protección, revelan la necesidad de una nueva relación laboral con ellos. Debe tomarse en cuenta que en el vecino Yucatán, las condiciones de los policías han tenido una mejoría notable y que incluso llaman la atención en todo el país. A nadie debe extrañar que otras corporaciones quieran algo semejante en emolumentos y prestaciones.

El motín en el Cereso de Kobén, y el operativo fallido para el traslado de ocho internos, han resultado en que desde los hombres y mujeres que integran la fuerza policial se considere rota la cadena de mando, y esto implica a la secretaria Marcela Muñoz y a Armando Toledo Jamit, secretario de Gobierno, además del director de la Policía Estatal, Antonio Saradán Solís, y la directora del Cereso de Kobén, Esmeralda Te Che. 

Por otra parte, dotar a los policías de uniformes, equipo de protección y adiestramiento no significa convertir a la entidad en un estado policial. Mantener la seguridad es una inversión de largo aliento y pasa por crear mejores condiciones para quienes atienden las necesidades inmediatas de la ciudadanía en este rubro. Una policía vulnerable es puerta abierta para la ruptura del tejido social.

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Edición: Estefanía Cardeña