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Pocas noticias suelen tener tanto impacto como los crímenes en contra de la población que, universalmente, es considerada como la más vulnerable. Este fin de semana el estado de Guerrero estuvo de nueva cuenta en el foco de la atención pública por el secuestro y asesinato de Camila, una niña de ocho años, habitante del municipio de Taxco de Alarcón. En primera instancia, la Fiscalía de esa entidad dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación por feminicidio contra la niña, así como por la muerte por linchamiento de Ana ‘N’.

La turba, sobra decirlo, se formó ante la falta de respuesta de las autoridades, porque ya se sabía dónde había muerto Camila y la Fiscalía indicó que todavía no contaba con órdenes de aprehensión en contra de los presuntos autores del crimen, quienes se encontraban en resguardo, a cargo de cuatro policías estatales que fueron incapaces de detener al tropel, que tundió a patadas a la mujer hasta provocarle la muerte, mientras que los dos hombres fueron rociados con gasolina y aceite para prenderles fuego.

 

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Guerrero es, históricamente, una región sumamente convulsa. No en balde recibe el nombre de uno de los principales líderes de la guerra de Independencia, que encontró en la zona a gente dispuesta a mantener la lucha aunque no representara una amenaza mayor para el ejército realista. En el siglo XX fue refugio y foco de diferentes guerrillas, desde Lucio Cabañas hasta el ERPI. La violencia ha campeado en la entidad, incluso el movimiento surgido a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, no puede verse ajeno a un contexto en el cual la convivencia entre ciudadanía y delincuencia organizada está normalizado.

Ejemplos recientes de la descomposición social que se vive en Guerrero están al alcance de quien quiera revisar las noticias de los últimos 12 meses. Es posible encontrar a una multitud de civiles apoderándose de un vehículo blindado de la policía estatal para embestir el palacio de gobierno en Chilpancingo, o desapariciones de líderes comunitarios y ejecuciones de elementos policiacos municipales; incluso ataques realizados por cárteles que emplean drones artillados.

 

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El secuestro y feminicidio de Camila es un síntoma más, sumamente doloroso, de la descomposición social que se vive en Guerrero, agravado por la ausencia del Estado. Difícilmente una sociedad sana puede aceptar que una madre y sus hijos se organicen para plagiar y matar a una niña que acaso cursaría el tercer año de primaria y que acudía a visitar a su mejor amiga; pero mucho menos que el jefe de la policía de Taxco declare que hubo “una omisión a la responsabilidad maternal”.

Tomemos en cuenta también que el escenario de los hechos es un pueblo mágico, una población calificada como atractivo desde la Secretaría de Turismo y que se promueve en todo el país y el extranjero como un rincón de México al cual vale la pena emprender un viaje por el motivo que se quiera; y en verdad Taxco es sumamente bello, pero hechos como el feminicidio de Camila conducen a cuestionar si los llamados Pueblos Mágicos ya son un cascarón, una escenografía para los visitantes y donde sus habitantes ya no pueden llevar una vida digna por más derrama económica que dejen los turistas.

 

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La gran interrogante es si Guerrero puede entrar a una dinámica de recomposición del tejido social, rescate de la civilidad y desnaturalización de la violencia, considerando el historial de la entidad. No se trata de decir si ha existido una violencia buena y otra mala dependiendo del personaje que la haya dirigido; a fin de cuentas, en una sociedad sana, la búsqueda de justicia por mano propia es inaceptable. Entonces, la tarea es emprender una reforma del Estado de manera que para la población resulte fácil identificar que el gobierno y sus instituciones están funcionando para la ciudadanía. Esto no se consigue en entidades en donde han imperado caciques.

Reconstruir socialmente a Guerrero es una tarea compleja y sumamente importante para todo el país. Permitir que se naturalicen situaciones de descomposición moral y ausencia de autoridad ahí es abrir las puertas a que ocurran en cualquier otro lugar. En respuesta a Doroteo Vázquez, director de Seguridad de Taxco, ¿en quién confiaría una madre, si se le impone no hacerlo en sus vecinos y las autoridades tampoco le brindan garantías? La turbamulta es la respuesta cuando instituciones y corporaciones como la policía no funcionan ni para proteger a presuntos delincuentes que debieron ser presentados a las autoridades. Urge actuar antes que la gangrena de los linchamientos cunda por el país.

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Edición: Fernando Sierra


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