El asesinato de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de la alianza Seguiremos Haciendo Historia a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, ha acaparado reflectores esta semana. Es una cuestión circunstancial, ya que los hechos se dieron en el segundo día oficial de campaña electoral; pero en lo que va del actual proceso, ya van 15 aspirantes a puestos de elección popular reconocidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Otro factor a considerar es el nivel de inseguridad que ha alcanzado Guanajuato y que existió una solicitud formal por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional para que sus candidatos en esa entidad contaran con un dispositivo de protección, conforme a la estrategia diseñada para ello, petición que no obtuvo respuesta de las autoridades guanajuatenses.
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Mientras, este miércoles, en la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que el fiscal de Guanajuato no acude a las reuniones de seguridad que diariamente tienen lugar en esa entidad.
También llama la atención que Gisela Gaytán sea la primera candidata asesinada en el actual proceso. Otra mujer, Miriam Nohemí Ríos Ríos, también fue abatida, aunque se desempeñaba como dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Jacona, Michoacán.
El clima de inseguridad, en vísperas de los comicios del próximo 2 de junio, transforma la competencia por obtener el sufragio ciudadano en una por salir con vida, pues el homicidio de cualquier aspirante implica un esfuerzo por alterar forzosamente la libre expresión de la voluntad popular en las urnas.
Para llegar al extremo de violencia que actualmente se vive en el proceso electoral se debieron dejar pasar otras expresiones agraviantes que se dejaron crecer al extremo dejar de reconocer en el adversario a alguien que también desea mejoras para el municipio, el distrito, el estado o el país, y en cambio sí como alguien que merece recibir cualquier vituperio por más alejado que esté de la realidad. Lo que se expresa en redes sociales no se queda en el mundo virtual, termina por calar en el ánimo de la ciudadanía.
Cuando las campañas incluyen “guerra sucia” y ésta se vuelve ingrediente infaltable, se siembran agravios entre los partidarios de quien resulte derrotado; ejemplos de expresiones como “presidente pero no ganador del voto popular” (dedicada a Donald Trump en 2017) o “no es mi presidente”, terminan por ser renuncias colectivas al ejercicio de una de las más importantes cualidades de la ciudadanía: la organización para participar del proyecto de nación desde su construcción.
Cuando lo que se entiende por participación política es la difusión de calumnias, noticias falsas, denuestos y descalificaciones a partidos y personas que buscan llegar a un puesto de elección, se abre el campo para una violencia mayor, incluso para que surjan personajes como Alberto García Granados cuando exclamó “La bala que mate a Madero salvará a la República”.
Recientemente se conmemoró el 30 aniversario de la(s) bala(s) que fulminó a Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia y quien posiblemente habría alcanzado el cargo. A pesar de contar con protección del Estado Mayor Presidencial, la pistola llegó a unos cuantos centímetros de su cuerpo. Hoy, ha quedado demostrado que quienes se encuentran más desprotegidos son quienes buscan las presidencias municipales, a quienes deben cuidar las policías locales. El crimen de Celaya ha dejado en claro que existen deficiencias graves en estas corporaciones para cumplir con el encargo.
Pero también obliga a encender las alertas porque dos mujeres son las principales candidatas a la Presidencia. El asesinato de Gisela Gaytán ya reveló que el crimen no hará distingos. Tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez reciben protección de la Guardia Nacional. La historia reciente hace recordar un mitin en la colonia tijuanense de Lomas Taurinas, la de hace un siglo, las voces de odio contra el adversario político. Aún es posible no transitar por el camino a repetir esos tiempos. A nadie le conviene.
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