Opinión
La Jornada Maya
02/07/2024 | Mérida, Yucatán
Entre las décadas de 1949 y 1960, el Estado mexicano reconoció que la población trabajadora debía contar con acceso a la salud como parte de su vida laboral, a partir de ello creó varias instituciones para garantizarlo. Las más destacadas han sido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE). Otras áreas de la administración pública, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), crearon sus propios sistemas de salud.
Independientemente de que estas instituciones, con sus defectos y errores, han sido de gran beneficio para la sociedad, en lo que se refiere a operatividad han terminado por crear segmentos de población derechohabiente. Al final, ninguna de ellas ha tomado para sí el reto de garantizar la atención universal a la salud. Por ratos, el IMSS en coordinación con los gobiernos locales ha operado esquemas para ofrecer algunos servicios a quienes no se encuentran afiliados a ningún otro sistema, pero los resultados han sido limitados.
El acuerdo que se pretende, en palabras del mandatario, se hará “buscando hacia adelante la integración de todo el sector salud y se ha avanzado bastante”. Hasta ahora figuran los mencionados IMSS e ISSSTE, además del organismo público IMSS Bienestar. Se trata de las dos instituciones con mayor derechohabiencia, y con presencia nacional, y la que se creó en esta administración a fin de brindar atención a población abierta.
Ahora, para que el Estado cumpla con garantizar el derecho a la salud, hará falta mucho más que el convenio que se suscriba, ya que su alcance está limitado a emergencias, que pueden ser las derivadas de accidentes viales o en el trabajo; infartos, y dos enfermedades crónicas: cáncer y diabetes. Esto es apenas una fracción de lo que se necesita. Quedó fuera, por ejemplo, el VIH-Sida, y podríamos hablar de más padecimientos crónico -degenerativos que resultan catastróficos en lo económico para el paciente y sus familiares.
No se trata de menospreciar el acuerdo alcanzado hasta ahora. Es simplemente dar cuenta de que los mexicanos debemos dar seguimiento a la otra parte del anuncio, en la que se planteó el objetivo de contar con un sistema de salud pública gratuito, que garantice la atención de calidad a todas las personas, todas las horas de todos los días, con unidades médicas en todos los niveles y que éstas se encuentren en condiciones de plena funcionalidad -que no haya problemas en los elevadores- y equipamiento tanto de mobiliario como de máquinas para estudios que funcione.
Los mexicanos merecemos que nuestras pláticas sobre el sistema de salud dejen de ser acerca del largo plazo para ser atendidos por un médico especialista; de las citas para estudios que han tenido que reagendarse porque no funciona el tomógrafo, operaciones que no pueden realizarse por falta de quirófanos, o de cuánta gente permanece en la sala de espera de Emergencias porque no hay camas, ni doctor que pase a hacer siquiera una auscultación.
Llegar a un sistema de salud que garantice la atención a todos, sin distinción de condición social o económica, ni siquiera de si se es derechohabiente por pertenecer a la fuerza laboral formal, no es cuestión de un decreto o un convenio. Se requiere de varios pasos, pero lo crucial es contar con un plan maestro en el cual estén establecidos plazos y objetivos parciales. Así, los mexicanos podremos estar al pendiente de “tomar la siguiente dosis” y dar seguimiento al tratamiento, cuya aplicación le corresponderá al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo; mientras, cada nueva adición al convenio será entendida como una enorme mejora en el sistema de salud pública.
Edición: Fernando Sierra
