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Foto: Fernando Eloy

Apenas han iniciado los foros para la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insinuado que podría seguir con las fiscalías General de la República (FGR) y estatales. La mención no es para menos, pero las formas son un punto en el cual será necesario poner atención.

Por principio, el gobierno encabezado por López Obrador ya se encuentra en cuenta regresiva. El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo deberá asumir la jefatura del Ejecutivo y la conducción del país, al igual que las iniciativas de reforma al marco jurídico nacional que deban ingresar al Congreso de la Unión, serán responsabilidad de ella. Por otro lado, también se corre el riesgo de preparar una propuesta al vapor y que ésta, a pesar de la mayoría que tiene Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las Cámaras, deba desecharse por resultar evidentemente improcedente.

Cabe agregar que el presidente contempló incluir a las fiscalías estatales, cuyo diseño y operación corre por cuenta de los gobiernos locales. Morena cuenta ya con una amplia mayoría de gobernadores, pero esto no implica que se tenga que recurrir a un diseño único ni que todos los mandatarios estén dispuestos a adoptar el mismo modelo orgánico para la dependencia.

Nadie podría negar que las fiscalías requieren de una transformación que las haga más eficientes a los ojos de la población en general. En esta misma administración corrieron bromas en las cuales se comparaba a la FGR con una tortuga reumática, por la velocidad con que realiza las investigaciones e integra las correspondientes carpetas. Es obvio que, en la percepción de la ciudadanía, se trata de organismos que requieren de una transformación radical y que debe incorporar protocolos de atención digna para quienes acuden a levantar una denuncia. Es ahí donde comienza la inhibición para presentar cargos y con ello el fomento a la impunidad.

En buena medida, el problema de las “puertas giratorias” y la alta “cifra negra” de delitos no denunciados tiene por origen la falta de confianza en las fuerzas encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes, cuyo primer respondiente son las policías ministeriales; siguen los Ministerios Públicos, donde el trámite para denunciar puede ser agobiante para cualquiera y además revictimizante para quienes han sufrido violencia sexual o se encuentran desaparecidos. La mala integración de las carpetas de investigación, y la pérdida de las cadenas de custodia antes de que un detenido quede a disposición de un juez, simplemente facilitan la liberación de los delincuentes, y eso es responsabilidad de las fiscalías.

Existe entonces una corresponsabilidad si se quiere una mejor impartición de justicia. Al Poder Judicial le corresponde vigilar que las leyes se cumplan y se sancione efectivamente a quienes han incurrido en un delito, pero a las fiscalías les toca investigar toda acusación y presentar pruebas que puedan ser utilizadas en un juicio, y en el proceso deben tratar con respeto a las víctimas.

Pero una reforma a la FGR no debe emprenderse a la ligera. En el tema hay mucha ciudadanía a la cual escuchar y cuya aportación puede ser sumamente enriquecedora. Las fiscalías son organismos que no se libran de una mala percepción por parte de los mexicanos; no es solamente que los jueces liberen a presuntos delincuentes, aunque para el público y otras autoridades sean probados, sino que los Ministerios Públicos cumplan debidamente con su función, a fin de acabar con la impunidad.

Ya en los estados deberá realizarse otra reforma, caso por caso. Esta operación también es sumamente delicada, ya que es aquí donde la mayor parte de la población tiene contacto con el sistema de persecución e investigación de delitos, porque se trata de los del orden común, que son los más cercanos a sus intereses. Si de verdad se pretende una transformación de gran calado para las fiscalías, la elaboración de una iniciativa sólida debe corresponder a un equipo conjunto de la actual administración y de la entrante, porque será precisamente la estructura que se heredará a las próximas generaciones.
Edición: Estefanía Cardeña


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