Opinión
José Díaz Cervera
10/09/2024 | Mérida, Yucatán
Tratando de poner en orden mis archivos, me encuentro con un artículo que publiqué hace tiempo a propósito del 35° aniversario del derrocamiento de Salvador Allende el 11 de octubre de 1973.
Al cumplirse hoy 51 años del suceso, me veo en la necesidad de recapitular algunos pormenores del asunto, uno de los cuales fue justamente un conflicto entre Allende y el Poder Judicial chileno, lo que me pone de punta los pocos cabellos que me quedan.
Las circunstancias del golpe encabezado por Pinochet estaban alimentadas por un proceso inflacionario que tenía muy a disgusto a las clases medias del país, pero el fondo del asunto fue la nacionalización de la industria cuprera, lo que hizo que los grandes intereses del capital se movieran buscando revertir esa y otras nacionalizaciones. La ultraderecha, la CIA y los militares entraron en acción: parte del juego ideológico fue afirmar que los cambios propuestos por Allende acabarían por imponer en Chile un gobierno dictatorial, y así fue ni más ni menos.
Aislado, Salvador Allende no tuvo más opción que entregar su vida y el resultado fue una dictadura que duró 17 años.
Si bien hoy día en nuestro país vivimos circunstancias similares a las que se vivieron en Chile en 1973 con la propuesta de reformas en el sistema de impartición de justicia, no deja de ser inquietante el discurso de la derecha en el que se afirma (como hace 51 años en el país andino) que el pretendido ajuste constitucional al sistema mexicano derivará en una dictadura, pues esa afirmación me parece ahora, más que la prospección de un probable efecto, una abierta amenaza.
En nuestro país hubo un proceso democrático en el que ganó un proyecto de nación que proponía varias reformas como la que hoy se discute, lo cual hace altamente improbable que de allí derive una dictadura pues la reforma judicial fue una propuesta electoral sancionada en las urnas.
La otra cara de la moneda viene de algunos sectores de la oposición, quienes argumentan que, de aprobarse la reforma constitucional al Poder Judicial, la consecuencia de ello sería la dictadura, lo que, según el ejemplo chileno, parece la única alternativa posible para los que están a punto de perder sus privilegios frente a una demanda democrática.
No estamos, pues, frente a una prevención, sino frente a una advertencia (no perdamos de vista que se pidió el linchamiento para quien desde la oposición vote en favor del proyecto constitucional).
Estamos, pues, frente a una amenaza flagrante cuyo metadiscurso es que, si se aprueba la reforma, el conservadurismo no dudará en buscar los apoyos necesarios para instaurar en nuestro país una dictadura fascista, tal y como sucedió hace 51 años en Chile.
Edición: Fernando Sierra
