Opinión
La Jornada
13/10/2024 | Mérida, Yucatán
María Elena Giraldo
El pasado 9 de octubre, como una manifestación de la participación política de las organizaciones de base comunitaria, múltiples colectivos indígenas y organizaciones civiles de expertos en varios estados del país, expresaron públicamente su demanda para que la gestión comunitaria del agua sea reconocida en la Carta Magna. La solicitud realizada en conferencia de prensa, es que se modifique el artículo 27 constitucional, el cual establece que: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Para tal fin, piden una audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum y de igual forma, solicitaron una mesa técnica ante el cuerpo de legisladores.
Las organizaciones hacen un llamado para que el Estado Mexicano proteja el agua de prácticas de mercantilización y privatización, y reconozca el rol que históricamente han cumplido pueblos y comunidades rurales y étnicas del país para preservar y garantizar el agua a más de 25 millones de personas. Estos grupos organizados demandan que, a través de este reconocimiento constitucional, se les garantice el derecho humano y colectivo de abastecimiento de agua y saneamiento, aludiendo que los gobiernos locales, a quienes se les confirió esta responsabilidad, no han sido eficaces en su cumplimiento. La demanda realizada es, por tanto, que sean las propias comunidades, sin la supervisión de las autoridades municipales, a quienes se les entregue la custodia del preciado líquido.
La organización de estos grupos de base comunitaria para hacer un llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene una gran valía en un contexto de crisis ambiental e hídrica global, con repercusiones específicas en los diferentes territorios mexicanos. Además, son muestra de la gobernanza comunitaria emprendida por diversos grupos a lo ancho del país, para establecer mecanismos justos y sostenibles en el manejo y conservación de un bien esencial para la vida humana y de los ecosistemas. El planteamiento de las comunidades rurales supera así la visión antropocentrista volcada en nuestros marcos jurídicos e institucionales.
La gobernanza comunitaria se refiere a los procesos emprendidos por colectivos y organizaciones civiles para emprender acciones entorno a un problema común. Estos grupos de ciudadanos generalmente se organizan ante el descontento frente a los resultados de sus autoridades políticas. Se trata pues de un proceso autonómico como el que plantean en este caso las y los diferentes representantes de las organizaciones y grupos étnicos y civiles que se pronunciaron en la conferencia de prensa. En este espacio, se enunciaron importantes acciones que han adelantado respecto a la gestión del agua, como son el establecimiento de redes de suministro o reparación de fugas, la consecución de recursos para estudios de calidad del agua, transparentar el manejo comunitario de esos recursos y rendir cuentas ante la asamblea que los elige. Se trata de un ejercicio democrático en una escala microsocial.
Aunque Yucatán no hizo parte de los estados presentes en este encuentro (Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Morelos y Veracruz), es de reconocer las valiosas acciones que en esta entidad también se han emprendido para establecer una gobernanza comunitaria del agua, como son los monitoreos participativos de los cuales ha dado cuenta el ORGA en columnas anteriores. Entre los grupos de relevancia regional están la red de monitoreo “Centinelas del agua”, quienes registran el comportamiento de nutrientes, metales pesados, entre otros compuestos; el proyecto “Tsonot” que se dedica al cuidado coparticipativo de cenotes de Yucatán y el “colectivo Ha’kanul” que realiza monitoreos de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos de cenotes.
En suma, el pronunciamiento de los gestores comunitarios del agua es una clara expresión de que las diversas comunidades del país quieren y necesitan ser escuchadas por el Estado; que se trata de una demanda sumamente relevante y legítima en el escenario socioambiental del presente; y que la renovación de la Administración Pública constituye una nueva oportunidad que se abre para poder ser reconocidos, para que el gobierno acepte sus limitaciones y la necesidad de establecer vías de comunicación, deliberación y acuerdos con el fin de otorgar autonomías que generen verdaderos procesos de transformación social.
Edición: Fernando Sierra
