Opinión
La Jornada Maya
16/10/2024 | Mérida, Yucatán
Después de casi cinco años, pues fue arrestado el 9 de diciembre de 2019, Genaro García Luna escuchó de un juez la sentencia que ordena que pase 38 años en prisión, además del pago de una multa por 2 millones de dólares, tras ser declarado culpable por delitos ligados al narcotráfico y al crimen organizado.
El ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006 -2012), ya había sido declarado culpable de los cinco cargos que se le hicieron. El jurado se pronunció hace ya más de un año, el 21 de febrero de 2023, por lo que la sentencia era un formalismo ya muy demorado. La principal acusación fue haber recibido millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa, a cambio de protección y facilidades para trasegar drogas hacia Estados Unidos, además de conspirar él mismo para introducir estupefacientes a ese país; lo cual hizo desde que fue jefe de la Policía Federal en el sexenio de Vicente Fox (2000 -2006).
Hasta la fecha, García Luna es el funcionario mexicano de mayor rango enjuiciado en Estados Unidos. Si habrá más en un futuro próximo, no parece ser algo marcado en la agenda binacional, pero ésta obedece a coyunturas e intereses que se dan de un momento a otro y por eso los arrestos resultan sucesos relevantes, más por la sorpresa que por otro motivo.
La condena al ex funcionario, para haber llevado tanto tiempo en decidirse, resulta hasta un promedio. La defensa pugnaba por el mínimo de 20 años, mientras que los fiscales iban por la cadena perpetua. Al final, el juez ordenó 38 años, que se antojan pocos; apenas son los suficientes para que García Luna rebase el centenario tras las rejas y tal vez, en caso de una reducción de la pena por buena conducta, ya no pueda ser encarcelado en México, a causa de la edad.
Mientras tanto, han quedado varias preguntas en el aire. No tanto por los vínculos de García Luna con los cárteles mexicanos, sino por la identidad de quienes le ayudaron en Estados Unidos para que gigantescas cantidades de drogas cruzaran la frontera y llegaran a las calles de prácticamente todas las ciudades allende el Bravo. En el juzgado, nadie preguntó. Lo que estaba a juicio eran las maniobras del mexicano para introducir cocaína y otras sustancias desde México; no en manos de quién quedaba toda esa mercancía.
Indirectamente, el veredicto le llega también al ex presidente Calderón, cuya visión de enfrentar al crimen organizado todavía tiene efectos nefastos para el país, especialmente en Michoacán. La violencia desatada desde entonces aún tiene consecuencias, expresadas en las nuevas modalidades a que ahora recurre la delincuencia, como el cobro de piso y de impuestos paralelos a la comercialización del aguacate y el limón, por ejemplo.
En el proceso García Luna, la sentencia no es el final. Más de cuatro años de juicio, pero todavía es preciso detenerse y analizar qué se dijo, quién lo dijo, y sobre todo lo que no se dijo. Los silencios son también motivados por el interés, por algo que se intenta proteger. Habrá para quien la pena impuesta resulte insuficiente y que posiblemente en dos décadas, si es que le reducen la condena, alguien exigirá que se le juzgue en México, algo que la legislación actual permite, pero que a lo mucho conducirá a una prisión domiciliaria, por la edad que tendrá entonces el ex secretario calderonista. Faltaría ver si los intereses políticos de entonces serán proclives a promover la extradición y un nuevo juicio.
Edición: Fernando Sierra
