Opinión
La Jornada Maya
29/10/2024 | Mérida, Yucatán
La disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial en México, originada en la reforma a la Constitución para establecer que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular, puede estar a punto de resolverse, luego de que ocho ministros anunciaran su intención de renunciar a su cargo, lo que se hará efectivo el 31 de agosto.
El primero en presentar su dimisión ha sido Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mediante una carta al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en la que indica que su renuncia no implica la aceptación de la constitucionalidad de la reforma judicial, pero sí que carece del apoyo popular que le permita participar en el proceso electoral extraordinario.
El debate quedó empantanado desde que ambas partes se posicionaron irreductiblemente; unos argumentando, con toda razón, que contra la Constitución no es posible interponer un amparo, y los otros reclamando que lo que sí se puede revisar es el procedimiento legislativo. La más reciente modificación constitucional ha hecho, precisamente, que independientemente de lo establecido en la Carta Magna, que se abra la puerta para que existan enmiendas con el sello “haiga sido como haiga sido”.
Pero las renuncias de los ministros tienen otro efecto: abrir el camino para la conformación de, precisamente, el nuevo Poder Judicial que prometió el oficialismo en la pasada campaña electoral.
La actual crisis constitucional terminará por resolverse, aunque lo que se avecina es un Poder Judicial muy distinto al de la herencia histórica, si aceptamos que el sistema de designación de ministros de la SCJN viene de la Constitución de 1917, que resultó de la Revolución Mexicana, a la cual se reconoce como la tercera transformación de México.
El tema de fondo siguen siendo los límites de actuación de cada uno de los Poderes de manera que se garantice el Estado de derecho. Porque la SCJN no puede ser legisladora, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo poseen facultades para erigirse como vigilantes del cumplimiento de la ley.
Lo que surgirá en los próximos días será un nuevo orden republicano, en el cual el futuro Poder Judicial tendrá que batallar por establecer sus límites dentro de la Constitución para alcanzar el equilibrio con el Ejecutivo y el Legislativo. La prueba de su fortaleza estará en que haga cumplir el principio de independencia en sus decisiones, algo que para quienes se oponen al nuevo orden consideran incompatible con la elección por voto directo.
Edición: Fernando Sierra
