Opinión
La Jornada Maya
30/10/2024 | Mérida, Yucatán
La noche de este martes, el periodista Mauricio Cruz Solís, director del portal informativo Minuto x Minuto fue asesinado en el centro de Uruapan, Michoacán. El lugar ya figura como uno de los más violentos en México
Minutos antes, Cruz Solís había transmitido una entrevista en vivo al alcalde Carlos Manzo, en la cual abordó temas plenamente locales y restringidos a las facultades del municipio para apoyar a los locatarios del mercado Tariácuri, donde ocurrió un incendio la madrugada del sábado.
La reacción de las autoridades, pero ni siquiera del presidente municipal, sino del secretario de turismo de Uruapan, fue culpar a los medios locales de crear una imagen de inseguridad en esa demarcación, contrastando la cobertura de las noticias con “la percepción real de la inseguridad”. Según el funcionario, la población de Uruapan se siente más segura, y los medios uruapenses “son los que están publicando lo malo que pasa”, acicateados porque “hemos cuidado el no estar pagando tanto a los medios”.
Tal pareciera que a las autoridades locales no les alcanza para ver de qué manera servir de dique a un problema que es mucho más grande que sus atribuciones, y en algunos casos prefieren revictimizar a los abatidos. La cifra de periodistas asesinados o desaparecidos en Michoacán, de 2006 a la fecha, es de 18; ninguno ha recibido justicia, entendiendo ésta como la detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
Otras cifras dependen del enfoque. La organización Reporteros sin Fronteras documenta, desde 1995, 156 periodistas asesinados por investigar temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Por su parte, Artículo 19 indica que son 167 desde el 2000, todos con indicios de estar relacionados con su labor. Esta misma entidad señala que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron abatidos 47 informadores, cantidad que se igualó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, recién concluido.
Otro organismo, Amnistía Internacional, acusó en marzo de 2023 que ocho comunicadores, inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mexicano, habían sido asesinados en los siete años previos. Una cuestión más ha sido que hace un año, en noviembre de 2023, había 651 periodistas cobijados por ese mecanismo; pero al mismo tiempo, de haberse rechazado una solicitud de protección en 2020, se pasó a 14 negativas en 2021, 49 en 2022 y otras 49 hasta el 31 de noviembre de 2023.
La conclusión, que fue presentada por el Comité para la Protección de Periodistas, es que México es el país más peligroso en el hemisferio occidental para quienes ejercen esta profesión. Al cierre de esta edición, se ha sabido que en Colima, otra reportera, Patricia Ramírez, Paty Bunbury ha sido asesinada en un negocio de su propiedad, por lo que en 24 horas, y menos de un mes, este gobierno ya suma dos periodistas abatidos.
El pasado 5 de septiembre, el todavía presidente López Obrador celebraba entre los logros de su gobierno que “no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias ha ocasionado, ni de políticos”. Antes, en marzo de 2022, había señalado que estos crímenes no eran agresiones del Estado, sino cometidos por bandas surgidas en administraciones anteriores, recalcando que no había “en ninguno de estos asesinatos, elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos”. La intención era marcar una diferencia, y concedamos que así fue; pero persiste una coincidencia y esta sí es indignante: que la impunidad persiste. Toca a la presidenta Claudia Sheinbaum hacer palpable la diferencia en la atención a los asesinatos contra periodistas, promoviendo su esclarecimiento fuera de toda duda.
Edición: Fernando Sierra
