Haití: auxilio urgente

La oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien mañana cumple un mes en el cargo, calificó los sucesos como el cruce de una "línea roja" y afirmó que movilizará "todas las fuerzas para localizar y aniquilar" a los responsables.

Esta declaración es casi tan problemática e inquietante como la propia matanza, pues levanta inevitables dudas acerca de la manera en que las autoridades trazan esas líneas: ¿se cruzó algún límite en la semana del 11 de noviembre, cuando 150 personas tuvieron una muerte violenta?, ¿cuándo las bandas comenzaron a disparar contra aviones comerciales, aislando al país?, ¿fueron líneas rojas las violaciones tumultuarias, el incendio deliberado de manzanas enteras de la ciudad, la fuga de 90 por ciento de los presos en la mayor cárcel del país, el desplazamiento forzoso de 700 mil personas en una nación con 11 millones 700 mil habitantes?

Es también preocupante que un gobierno hable de "aniquilar" a delincuentes, no de capturarlos, como corresponde en todo territorio democrático donde se aspira a vivir bajo el imperio de la ley, no bajo el poder del más fuerte. Además de contrarias a los derechos humanos, las amenazas gubernamentales resultan huecas, pues todo mundo está al tanto de que la frágil administración carece de los recursos materiales y humanos para encarar a señores de la guerra que lo superan ampliamente en cantidad de efectivos y capacidad de fuego.

Tal escenario obliga a reconocer que hoy por hoy no existe un verdadero Estado en Haití, donde los poderes Legislativo y Judicial se encuentran desaparecidos, no se han celebrado comicios desde 2016 ni se cuenta con un titular del Ejecutivo elegido desde que Jovenel Moise fue asesinado en 2021.

Pese al reconocimiento generalizado de que la porción occidental de La Española enfrenta una verdadera catástrofe, la comunidad internacional mira hacia otra parte. Los dos principales responsables históricos de la desgracia de Haití, Washington y París, potencias que saquearon la tierra y la población hasta dejarlas exhaustas, se desentienden para sembrar guerras en otras latitudes y librar sus pugnas políticas intestinas. El principal organismo multilateral del continente, la Organización de Estados Americanos, ha probado que sólo sirve para orquestar o aplaudir golpes de Estado, pero no es de ninguna utilidad cuando se trata de socorrer a sus miembros en apuros.

Así, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aparece como la única instancia capaz de coordinar la ayuda requerida con urgencia por el pueblo haitiano. En lo inmediato, este apoyo debe tomar forma de entrega de víveres indispensables para la población, pero está claro que ninguna ayuda material será suficiente si no se acompaña de un esfuerzo sostenido a la reconstrucción de las instituciones haitianas, comenzando por las fuerzas del orden y la celebración de elecciones creíbles que permitan integrar un gobierno con respaldo popular.

Los desafíos son ciertamente enormes, no sólo por la profundidad de la descomposición que padece Haití y por las limitaciones presupuestales de todos los países de América Latina y el Caribe, sino también porque la Celac debe superar sus divisiones y trabajar con, o hacer a un lado a, regímenes fascistoides como el de Javier Milei. Cabe esperar que los dirigentes latinoamericanos encuentren la altura de miras para acudir en auxilio del primer país de la región que alcanzó su independencia y que marcó el camino a todos los demás para luchar por la libertad.

Edición: Estefanía Cardeña