¿Qué hacemos con el patrimonio cultural? (III)

La Reunión de Consulta hacia el programa sectorial de Cultura que se celebrará mañana en el Museo Regional del INAH Palacio Cantón, en Mérida, puede ser una gran oportunidad para definir a qué instancias les toca la difusión del patrimonio cultural y el establecimiento de lugares de memoria, entendiendo estos no sólo como monumentos, espacios, paisajes y objetos, emblemas, sino también toda representación simbólica portadora de memoria. En otras palabras, a quiénes les toca el cuidado de las piezas documentales -entendiendo como documento también una multiplicidad de expresiones “legibles” como pueden ser imágenes, esculturas, edificaciones y espacios -y en consecuencia tienen la responsabilidad de hacerlas accesibles a la población.

El fondo de la posible discusión es en manos de quiénes se encuentra el patrimonio cultural en México, independientemente de si se trata del material o el inmaterial. Es necesario aclarar que, a nivel constitucional, todas estas manifestaciones son propiedad de la nación. Sin embargo, su gestión y promoción ha quedado a cargo de instituciones del Estado, incluso algunas que no tienen como prioridad la gestión de bienes culturales, y también de organismos privados.

Pongamos por ejemplo los archivos generales. El de la Nación depende de la Secretaría de Gobernación, e igualmente pasa con la mayor parte de los de los estados. Mientras, las hemerotecas, fototecas y bibliotecas suelen formar parte de las secretarías de Cultura y en algunos casos de las universidades. Ahora bien, hay esfuerzos privados que han dado lugar a archivos sumamente cuidados y que han sido puestos a consulta pública, como ocurre con el Centro de Estudios de Historia de México -CARSO, el Archivo Calles-Torreblanca, y en Yucatán destaca el Centro Cultural Prohispen, que han dedicado recursos importantes a la preservación de colecciones documentales y la creación de lugares de memoria.

Pero así como hay iniciativas que de alguna manera, y a pesar de varios obstáculos, han logrado prosperar, otras han fracasado o han terminado por desaparecer a causa del desinterés de sus administradores, porque representan “un costo” para las empresas patrocinadoras, o porque quedan en medio de grandes transacciones. Considérese la colección de Fomento Cultural Banamex: tanto cuando este banco fue adquirido primero por la corporación extranjera Citi como ahora que ésta se desvinculó de las operaciones en México, el destino de las piezas de arte popular o los edificios históricos que posee Banamex ha sido tema en la agenda pública, y hasta el momento siempre ha logrado asegurarse que permanecerá en México y no pasará a manos particulares. Esto ha permitido el mantenimiento de construcciones como el Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México, o la Casa de Montejo, en Mérida.

Ahora, también hay que puntualizar que instituciones a cargo del resguardo y difusión del patrimonio histórico mexicano se encuentran prácticamente en el olvido, ocupando edificios deteriorados, lo que a su vez acelera la pérdida de libros, grabaciones, folletos, expedientes, fotografías, pinturas y, en general, piezas de museo o archivo. Mención aparte merecen los monumentos en bronce colocados en espacios públicos. Hace poco más de una década, Mérida sufrió la pérdida de los bustos de las mujeres ilustres colocados en el parque de ese nombre, al igual que las letras de un poema de José Díaz Bolio, en el parque de la colonia Alemán; las autoridades de entonces optaron por reemplazar estas piezas por otro material, de mucho menor precio.

El foco puede ir entonces a la creación de mecanismos que logren la vinculación de los mexicanos con su patrimonio cultural material, promoviendo la difusión del conocimiento histórico a través de plataformas digitales, y en este caso fomentando las iniciativas de creadores de contenidos de este tipo; esto no tiene por qué entenderse con la creación de becas para estas personas, pero sí que puedan calificar para el Sistema Nacional de Creadores o el Sistema Nacional de Investigadores, sin estar necesariamente vinculados a las universidades.

Queda aún pendiente crear la vinculación entre conocimiento y sociedad. Aquí es necesario que el Estado recupere la tarea de fomento de la memoria, ya que esta actividad, desde la colocación de placas alusivas al nacimiento, residencia o fallecimiento de alguna persona ilustre, hasta la promoción del establecimiento de monumentos en un espacio público, ha quedado en manos de asociaciones privadas; el Estado prácticamente ha renunciado a la creación de arte para colocar en parques o glorietas, y se ha esforzado más en el retiro de las piezas que recuerdan a “villanos”, como las placas que mencionaban al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz en el Metro de la Ciudad de México.

Edición: Estefanía Cardeña