Opinión
La Jornada Maya
15/01/2025 | Mérida, Yucatán
En 2018, Andrés Manuel López Obrador cambió la consigna en el combate al crimen organizado que se quedó en un muy simplificado “abrazos, no balazos”, pero que detrás venía con una novedad que era demandada desde 2012, por lo menos: realizar detenciones utilizando especialmente la inteligencia y no recurrir al enfrentamiento armado como primera opción. El efecto ha sido la fragmentación de los cárteles y la diversificación de sus actividades delictivas; ya no se trata solamente de narcotráfico, trata de personas y secuestros, sino que se pasó a la extorsión, a apropiarse directa o indirectamente de plantíos de limón o aguacate, al huachicoleo, el robo de mercancías en carreteras, entre otras, y ahora han entrado al control de las vías terrestres.
El desafío a las autoridades mexicanas continúa, en buena medida porque existen alcaldías y fiscalías que forman parte de la estructura del crimen organizado. La Operación Enjambre apenas nos ha dado una muestra de qué tanto se difumina la frontera entre la delincuencia y quienes deben combatirla. Mientras tanto, los niveles de violencia continúan altos. Constantemente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) muestra los avances en la disminución de homicidios dolosos, pero aún no podemos hablar de la pacificación del país.
El reto al Estado ha pasado al control del tránsito en las carreteras. A los robos de transportes de carga, que afectan principalmente a empresas que manejan tráilers, las cuales se han visto obligadas, según la carga, a pedir escoltas a la Guardia Nacional, ahora se ha pasado al asesinato y privación de la libertad de personas en tránsito. Esto sin hacer a un lado la extorsión y la comisión de delitos sexuales.
Así, esta semana nos enteramos de
la desaparición de, presuntamente, 14 personas de entre 17 y 45 años que se dirigían a las costas de Oaxaca con el fin de celebrar la llegada del 2025. Hasta el momento, sin embargo, la Fiscalía de esa entidad ha dado a conocer que únicamente ha recibido seis denuncias. La presión en redes sociales es porque se declare por el mayor número de desaparecidos, pero legalmente, como autoridades, la investigación solamente puede proceder cuando existe la denuncia. El daño mediático, sin embargo, ya existe: el mensaje es que ni aún en caravana, o emprendiendo un viaje en grupo, se está a salvo en las carreteras oaxaqueñas. Como ciudadano, eso es terrible de escuchar.
En Michoacán, mientras tanto, donde también se libra un enfrentamiento por el control del territorio y la producción y comercialización de productos agrícolas con muy alta demanda, como es el aguacate, que en los próximos días deberá ser enviado en grandes cantidades a Estados Unidos, con motivo del Superbowl, un maestro rural, Ramón Paz Salinas, encontró la muerte mientras se dirigía a su escuela, en el poblado de Las Bateas al Tepetate, municipio de Apatzingán. Lo que llama la atención es que la muerte haya sido por pasar sobre una mina terrestre.
La sofisticación del armamento del crimen organizado, que lo mismo utiliza vehículos con blindaje hechizo que drones y equipos de vigilancia electrónica. Lo lamentable es que Ramón Paz no era, seguramente, un blanco específico. En los enfrentamientos contra el Estado o bandas enemigas, se le contará como una víctima colateral.
Y por otro lado, las balas continúan alcanzando a la clase política, al menos en el nivel de atención inmediata que es el municipal. Juan Manuel Zenteno, aspirante a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, población equivalente a una comisaría o junta municipal, en el municipio de Puebla. Estamos hablando de funcionarios cuya principal tarea es gestionar obras para su comunidad y que en compensación suelen recibir una cantidad irrisoria.
Edición: Fernando Sierra
