Opinión
La Jornada Maya
11/02/2025 | Mérida, Yucatán
La seguridad es uno de los temas cruciales para cualquier régimen. Dado que el Estado posee el monopolio del ejercicio de la violencia legítima, así como el de la impartición de justicia, es también una responsabilidad ineludible y por la cual se suele calificar la efectividad de prácticamente cualquier gobierno, junto con las variables de crecimiento y desarrollo económico.
Ahora, informar de avances en el combate a la inseguridad es una tarea compleja. En principio, es posible proporcionar datos duros y que estos resulten en una tendencia a la baja, como ocurrió este lunes durante la presentación del informe consolidado de homicidios que realizó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, quien destacó que desde diciembre de 2018 a enero pasado se pasó de 100.5 víctimas diarias a 76.5 en el mes recién concluido. Pero el dato no suele cambiar la percepción preexistente en la población, y menos cuando se tienen medios de comunicación que se esfuerzan en dar a conocer casos específicos de delincuencia y amplificar su trascendencia.
Igualmente, cuando tocó el turno al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se enfatizó en la detención de 222 personas, el aseguramiento de armas y enervantes, y que en total ya van 11 mil 600 personas detenidas, resultado del despliegue de la Guardia Nacional y varios operativos.
Por otro lado, se tiene que la incidencia de homicidios se concentra en siete estados: Guanajuato, Baja California, estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Jalisco, que en conjunto acumulan el 53 por ciento del total registrado en todo el país entre septiembre de 2024 y enero de 2025. Otro delito asociado al crimen organizado, como es el secuestro, también se encuentra entre los de alto impacto. Aquí, el reconocimiento por parte del gobierno de Sinaloa, en cuanto a que por las disputas entre dos facciones del cártel de Sinaloa, más de mil personas han sido privadas de la libertad desde el 9 de septiembre a la fecha, no puede ser menos que un reconocimiento de la gravedad del asunto, especialmente porque apenas se ha localizado con vida a la cuarta parte del total; 383 individuos.
Que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, haya destacado que existe la posibilidad de que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, García Harfuch, regrese a ese estado, es un mensaje poco claro, pues pareciera que se requiere de la presencia del funcionario federal para que se den avances en la lucha contra el crimen organizado.
Otro estado, Oaxaca, enfrenta también una crisis de seguridad que se refleja en cifras: 219 feminicidios y 788 desapariciones de mujeres en dos años, según registros de la organización Consorcio Oaxaca. La situación no es nueva, pero lo grave es su persistencia y el señalamiento de funcionarios que participan en grupos en los que, como mínimo, circulan imágenes sexuales de mujeres de la etnia mixe, lo que lleva a presumir que podrían configurarse delitos graves.
La conclusión es que Oaxaca ya no es un estado seguro, como tampoco lo es, desde hace unos cuantos meses, Tabasco. Por supuesto, debe reconocerse que existen herencias sumamente incómodas, pero también es responsabilidad de las autoridades locales asumir que deben ser las primeras respondientes ante cualquier crisis y que negar la violencia no hará más que exacerbar las tensiones existentes y deteriorar el tejido social. Hay un gran pendiente que, de seguirse retrasando, conducirá a un enfrentamiento innecesario, y a varios ajustes de cuentas.
Edición: Fernando Sierra
