Opinión
La Jornada Maya
25/02/2025 | Mérida, Yucatán
México experimenta un cambio en la estrategia de seguridad, que si bien mantiene la parte fundamental de la establecida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, establece diferencias en cuanto a la detención de líderes e integrantes de los grupos delincuenciales.
La política precedente fue sintetizada -y por lo mismo, desvirtuada ante el público -en el lema “Abrazos, no balazos”. La intención fue privilegiar las tareas de inteligencia y golpear a la delincuencia organizada en sus recursos y a la vez entender que sus bases se nutren de sectores de la población que no encuentran oportunidades de obtener ingresos incluso para subsistir. La oposición quiso ver en esto la renuncia a aprehender a quienes ya cuentan con varios delitos e incluso órdenes de arresto.
Actualmente, el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido la tarea de informar de las detenciones que se han realizado. Entre arrestos, desmantelamiento de laboratorios clandestinos, decomisos de drogas y armas, el gobierno actual puede presumir de elementos medibles. No es que el enfoque de privilegiar los flujos de dinero y entregar apoyos a la población vulnerable estén equivocados, sino que las acciones realizadas y presupuesto ejercido en estos rubros no se traducen en datos duros, que brinden información en cuanto al debilitamiento de los cárteles del narco que, dicho sea de paso, han recurrido o incrementado su actividad en rubros como la extorsión, tráfico de personas y cobro de derecho de piso, con tal de seguir obteniendo ganancias ilícitas.
Queda de más decir que las detenciones han tenido un costo en cuanto a violencia. Sinaloa es en estos momentos el mejor ejemplo. Ahí, las dos facciones que han quedado del cártel que lleva el nombre de esa entidad se disputan el liderazgo que han dejado sus fundadores, Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada; ambos hoy en prisiones de Estados Unidos, este último a la espera de ser enjuiciado o extraditado. Entre Los Chapitos y La Mayiza, la que ha quedado en medio es la población civil, que ha perdido la tranquilidad para realizar las actividades más rutinarias como las escolares o salir de casa durante la noche, por temor a encontrarse en el lugar y el momento equivocados, o ser encontrado por una bala perdida.
Ningún arresto se ha conseguido sin violencia. Este martes, en Zacapu, Michoacán, fue arrestado Jesús Rivera Aguirre, Don Chuy, cabeza de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero antes tuvieron lugar bloqueos carreteros, balaceras y enfrentamientos entre el grupo delictivo y fuerzas federales y estatales. El saldo fueron tres policías municipales heridos en la refriega, y tres vehículos incendiados. Ese fue el costo del arresto del cabecilla y tres sicarios, con el correspondiente decomiso de armas de fuego y droga.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha manifestado que en Sinaloa se ha conseguido el debilitamiento constante, siempre consiguiendo detenciones, tanto de Los Chapitos como de Los Mayos. En Sinaloa, además de las detenciones conseguidas, se han dado hallazgos que dan cuenta del tamaño del monstruo, como han sido los túneles que conectan viviendas/escondites con el drenaje, llegando a rondar el kilómetro de excavación, algo que se antoja sumamente difícil sin que se dé algún grado de corrupción.
Van apenas tres meses del gobierno de Claudia Sheinbaum y los resultados en la persecución a la delincuencia organizada se miden en arrestos y decomisos. Cabe mencionar que es una exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha venido acompañada de aspavientos y
amenazas de imponer aranceles generalizados si México no impide el cruce de drogas y personas hacia ese país. La negociación que se avecina será ruda, en vista de que la demanda, tanto de estupefacientes como de mano de obra barata, no ha disminuido.
Donde México deberá mejorar es en su sistema penitenciario. Es urgente que la narrativa de fugas de penales de máxima seguridad pase a ser un amargo recuerdo asociado a una época en la cual la corrupción se hizo dueña de estos recintos. Eso deberá facilitar las extradiciones que se tienen pendientes, porque será la garantía de que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia cumplirán con la pena que se les imponga.
Edición: Fernando Sierra
