Gobernanza de la ciencia y tecnología ¿hay lugar para las regiones?

Eliana Arancibia Gutiérrez 

Desde la década de los noventa del siglo pasado, las políticas de ciencia y tecnología en México comenzaron a incorporar la “cuestión regional” como una preocupación frente a la enorme concentración de las capacidades científicas y tecnológicas en el centro del país. Como botón de muestra, hace 30 años las instituciones académicas del Distrito Federal aglutinaban más de la mitad del total de miembros del Sistema Nacional de Investigadores que entonces contaba con 5 mil 789 integrantes. De ellos cerca del 30 por ciento estaba adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual además absorbía 18 por ciento de los recursos destinados por el Gobierno Federal al gasto en investigación y desarrollo experimental (I+D) y 21 por ciento de las becas de posgrado nacionales. 

Fue en ese contexto que las autoridades del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) pusieron en marcha acciones específicas para incrementar el desarrollo de capacidades para la producción de conocimiento en los estados y regiones mexicanas. Ello abrió paso a procesos de regionalización y descentralización en esos ámbitos y también a nuevas lógicas de gobernanza de la ciencia y tecnología, esto es, nuevas formas de coordinación territorial entre instituciones y comunidades académicas, gobiernos, organizaciones sociales y empresarios.

En 1995 se crearon los llamados “Sistemas Regionales de Investigación”, que financiaron proyectos de investigación aplicada en ámbitos prioritarios como salud, desarrollo social, vivienda, modernización tecnológica, recursos naturales y medio ambiente. A pesar de haber operado con recursos muy escasos, estos sistemas estimularon que las instituciones académicas locales se vincularan con actores gubernamentales y sociales en proyectos orientados a solucionar diversas problemáticas territoriales. 

Hacia 2001 se crearon los Fondos Mixtos CONACYT-Gobiernos de los Estados (FOMIX), para promover el desarrollo científico y tecnológico en todo el territorio mexicano. Lo novedoso es que se establecía una corresponsabilidad financiera y de gestión entre el CONACYT y las entidades federativas y/o municipales para poner en marcha proyectos de investigación que contribuyeran al desarrollo regional. En Yucatán, por ejemplo, se financiaron iniciativas que tienen continuidad hasta el presente, como el Laboratorio de Nano y Biomateriales (LANNBIO), a cargo del Cinvestav Mérida y el Banco de Germoplasma del CICY, que resguarda una extensa colección de la diversidad de semillas de plantas alimenticias, medicinables y maderables de la Península. 

En los años siguientes se impulsaron nuevas formas para el financiamiento a la ciencia en las regiones, como el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), creado en 2009 que alentaba la integración y colaboración regional para desarrollar proyectos orientados a resolver problemas, necesidades u oportunidades compartidas entre varios estados. En la Península de Yucatán, un proyecto relevante fue la creación del Laboratorio de Energías Renovables del Sureste (LENERSE) liderado por el CICY, en colaboración con el CINVESTAV y la Universidad Autónoma de Yucatán y el gobierno estatal, extendieron a otras instituciones de Campeche y Quintana Roo.

Estos fondos, sumados a otras iniciativas como las llamadas “Agendas Estatales y Regionales de Innovación” (2018) fomentaron la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas en México, incentivando que en las entidades federativas se delineara también una institucionalidad para fortalecer el sector. En Yucatán, por ejemplo, existe una política pública estatal en ciencia, articulada por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (2015); una Ley de Fomento a la Ciencia, Tecnología en Innovación (2011); y el Sistema de Investigación e Innovación Científica de Yucatán (2008), en el que se vinculan las principales instituciones académicas del estado.

Sin embargo, la reestructuración de las políticas del sector, emprendida por el primer gobierno de la 4T, ha significado la detención de estos procesos en las regiones y una merma a la gobernanza de la ciencia y tecnología con representación de las entidades federativas. Luego de la desaparición de FOMIX y FORDECyT- fuentes principales de financiamiento a la investigación científica y desarrollo tecnológico en los estados- no se han creado, a la fecha, instrumentos, fondos o programas dirigidos específicamente a las regiones.

La nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) tiene entonces una deuda con las regiones. O visto en términos más optimistas, una oportunidad para replantear las lógicas de participación regional en el sistema de ciencia mexicano. Un modelo de política acorde a los objetivos sociales, humanísticos y ambientales que la SECIHTI se ha trazado, requiere con urgencia una gobernanza con enfoque participativo y multiescalar, que dé cabida a los actores, instituciones y comunidades que construyen conocimiento en todo el país. No queda claro, hasta ahora, si con la propuesta esbozada mediante el modelo de Red Ecos Nacional esta participación regional y la gobernanza que conlleva está considerada.

Edición: Fernando Sierra