Opinión
La Jornada Maya
30/03/2025 | Mérida, Yucatán
Este domingo inició el periodo de campaña para las elecciones en el Poder Judicial de la Federación, que tendrán lugar el próximo 1 de junio. Al mismo tiempo han comenzado la publicidad por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y, en redes sociales, la circulación de encuestas de preferencia con avales un tanto cuestionables, en virtud de que la información acerca de quienes aparecerán en las boletas aún comienza fluir hacia la ciudadanía.
El proceso contempla la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y otro tanto en el Tribunal Electoral y las Salas Regionales del mismo, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. Esto implica elegir entre 3 mil 400 candidatos, de ahí que sea prioritario conocer la trayectoria de quienes se disputan los 881 cargos elegibles.
La próxima jornada electoral, formalmente, es un proceso extraordinario, lo cual es cierto únicamente si nos atenemos a la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tanto en la Carta Magna de 1824 como en la de 1857 se contemplaba que los ministros de la SCJN fueran electos. La gran diferencia es que la elección la realizaban las legislaturas locales, y el máximo tribunal terminaba compuesto por quienes hubiesen obtenido más de la mitad de los votos de los congresos estatales.
La historia de la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación fue interrumpida de tajo por la Constitución de Querétaro, la cual fue reformada desde principios de este año a fin de que de nueva cuenta su integración sea a través del voto, con la salvedad de que ahora lo será por sufragio universal. En gran medida, lo que está en juego es si los mexicanos nos encontramos aptos para que a través del ejercicio de la democracia podamos brindarle solidez a las instituciones y permanecer vigilantes para que éstas sean garantes del Estado de derecho, lo cual es la principal función del Poder Judicial.
El gran reto es que quedan 60 días para realizar un proselitismo muy limitado, pues al estar prohibida la participación de los partidos, los gastos de campaña correrán por cuenta de quienes se encuentren postulados, y además deberán someterlos a fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). Si lo que se pretende es piso parejo, las campañas estarán limitadas a redes sociales y, tal vez, volanteo. Esto obliga al electorado, si es que de verdad se cuenta con una población dispuesta a ejercer su derecho político a votar, a tomar un papel activo para informarse acerca de quienes se disputan los cargos.
Consideremos también que la promoción del voto en lo general se encuentra contemplada como una facultad exclusiva del INE, por lo que ninguna otra autoridad podrá destinar recursos para ello, y ni siquiera las Iglesias. Esto último no deja de causar extrañeza puesto que en las últimas tres décadas, por lo menos, las jerarquías eclesiásticas han sido consistentes en el llamado a acudir a las urnas; cierto es que también, desde cada altar, se ha pretendido “orientar” el sentido del voto de la feligresía.
El desafío está también en conseguir que la ciudadanía se involucre, no solamente que se presente a votar, sino también a participar como funcionarios de casilla u observadores electorales. Lo cierto es que el proceso será complejo tanto por los varios niveles de los cargos, que resultarán en seis boletas, como por el hecho de que también se hará lo propio para los poderes judiciales locales, donde habrá por lo menos otras dos papeletas. Luego de las elecciones de 2018 y 2024, en los cuales se superó el número de votos emitidos en los respectivos comicios previos, resultaría cuestionable que la respuesta de la ciudadanía a la apertura de un Poder a ser integrado por el sufragio popular sea el declive en la cantidad de votantes.
Edición: Fernando Sierra
