La impartición de Justicia agraria en México es literalmente una falacia. Desde 1992 hemos escuchado una narrativa oficial que ha difundido la idea de que en el campo mexicano la cuestión de la tierra se encuentra bajo control y prácticamente resuelta, creencia muy distante de la realidad que fue fomentada por la inmovilidad que afectó en este rubro al gobierno de la 4T. Por infortunio ha encontrado eco en los círculos académicos e inducido una suerte de letargo conformista en sectores que hace algunos años mostraban cierta actividad crítica.
Así, bajo el arrullo de ese canto, hemos estado inmersos en un impasse que sólo beneficia a unos cuantos (sobre todo a los grandes “inversionistas” y corporaciones inmobiliarias) y ha dado pábulo a la progresiva desatención pública del problema, con su consecuente agravamiento, lo cual revela que, a dos siglos de nacida la Nación, el gobierno de la República sigue sin entender los padecimientos agrarios del país. Seguramente, con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 cuya expedición es inminente, habremos de constatarlo.
En efecto, tanto en términos jurisdiccionales y administrativos como sociales, la justicia agraria en México es una ilusión. La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, flagelo que en teoría sería combatido con las reformas salinistas, es hoy muchísima mayor que antes de 1992. Los sistemas de propiedad, de impartición de justicia y de procuración agraria implantados ese año, fueron diseñados para agilizar la incorporación del suelo social a los mercados de tierras, no para combatir la inseguridad jurídica. De tal manera que -en vez de disminuirla- agudizaron la que imperaba, hasta registrar hoy niveles exorbitantes. Por ello, si antes de 1992 la inseguridad no era un problema real, en la actualidad constituye una amenaza latente para los propietarios de la tierra y un complicado reto para el gobierno federal, con una dimensión que es difícil estimar debido a que –dada su judicialización- se encuentra oculta tras el velo de los tribunales agrarios.
Sin duda, la promoción de la legislación vigente estuvo plagada de sofismas. Los argumentos e ideas torcidas que abrieron camino a las reformas salinistas encontraron suelo fértil en un campo descapitalizado y económicamente en picada, situación perversamente manipulada desde Palacio Nacional, para –con apoyo de los medios de comunicación- inducir una corriente de opinión favorable que alcanzara para justificar la modificación del artículo 27 de la Constitución Política en los términos que lo hicieron.
Como se sabe, la cuna intelectual de la propuesta fue mecida por una mano neoliberal desde las entidades financieras supranacionales; mientras que su instrumentación se cocinó en la SHCP a través de un grupúsculo de jóvenes tecnócratas (agroyuppies) de muy cuestionable ética y lealtad a su Patria, incrustados en puntos estratégicos del gobierno federal, cuya obra culmen fue, por supuesto, la transformación del sistema de propiedad agraria en México. Si se revisa la historia podremos ver que esta es la segunda ocasión en que dicha Secretaría (o su equivalente) mete su cuchara en el terreno de la propiedad. Ello ya había ocurrido en 1856, durante La Reforma, cuando Lerdo de Tejada impulsó la Ley de desamortización de los bienes de las corporaciones, cuyos efectos en los pueblos fueron devastadores. Por eso no es casualidad que la Ley Lerdo y la Ley Salinas, guarden tan cercanas semejanzas.
El histórico parteaguas en materia de tenencia de la tierra registrado en 1992 con la divisa de que con las reformas la justicia agraria estaría a nuestro alcance, fue un espejismo hábilmente maquinado, pues, lo cierto es que ha sucedido lo contrario. Los manidos argumentos neoliberales blandidos para promocionar las reformas salinistas y sus promesas de llevar la prosperidad al campesinado, no llegaron ni llegarán. Tan triste como ello es el hecho de que, de modo inexplicable, servidores públicos, investigadores, académicos, dirigentes campesinos, medios de comunicación, en fin, han desactivado su interés por el tema, como si aceptaran acríticamente que la cuestión agraria es una tarea superada. Nada más alejado de la realidad, como me encargaré de demostrarlo.
Edición: Fernando Sierra
