Opinión
La Jornada Maya
20/04/2025 | Mérida, Yucatán
Cuando se habla de problemas estructurales de México, más que la pobreza, nos referimos a la desigualdad. Esto porque es relativamente fácil establecer relaciones entre los sectores de la población a los que afecta y especialmente porque resulta sumamente sencillo establecer una historicidad del problema social. Es decir, cuando se habla de desigualdad entre hombres y mujeres podemos remontarnos prácticamente a la prehistoria, estableciendo una narrativa simplista, pero no por ello equivocada del todo, Pero al referirnos a la desigualdad entre la generalidad, y la población indígena, es sumamente sencillo hallar una explicación en el orden establecido a partir de la Colonia.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha dado a conocer su estudio sobre pobreza y población indígena en México, que resulta revelador por diversas cuestiones, comenzando porque los estados ubicados en los primeros lugares resultan ser entidades en las cuales, desde hace varios años, se ha invertido con la intención de reducir, precisamente, la desigualdad.
De alguna manera resulta sorprendente que Oaxaca aparezca a la cabeza de los estados con por lo menos el 60 por ciento de su población indígena en situación de pobreza, aunque esto es explicable, por un lado, por el alto número de municipios con alta concentración de habitantes pertenecientes a una etnia originaria, que para el caso son 444 de las 570 demarcaciones políticas en que se encuentra dividida esa entidad, pero también es necesario hablar de cómo esa misma división dificulta la coordinación para establecer planes integrales entre varios municipios y que culminen en el beneficio del mayor número de personas. Ahí tenemos, precisamente, una situación que estructuralmente hace más complicado el combate a la desigualdad.
De alguna manera sorprende que Puebla aparezca en el segundo lugar, con 109 municipios en similar situación, pero al igual que con Oaxaca, influye el porcentaje de población indígena en ambas entidades, y a que, en ambos casos, la geografía es un factor importante para el aislamiento de comunidades y por eso mismo, en la falta de oportunidades para los habitantes de las mismas.
Ahora bien, Yucatán aparece en el tercer lugar, con muchos menos municipios que Oaxaca y Puebla, pero sí con 7.7 por ciento de su población en situación de pobreza y al mismo tiempo calidad de indígena; cifras en las que los estados vecinos de Campeche y Quintana Roo se encuentran bastante lejos, aunque aquí tendríamos que referirnos a la densidad de población de sus municipios, que resulta en que, en ambas entidades, el porcentaje de población indígena en condición de pobreza sea del 0.56 por ciento cada uno.
En lo que respecta a los vecinos peninsulares, la encuesta resulta un tanto engañosa, porque la desigualdad existe. Simplemente, el grueso de su población no se identifica como indígena ni podemos hablar de familias cuya cabeza sea hablante de un idioma originario. Sin embargo, los indicadores de pobreza son los mismos.
Lo que refleja la medición del Coneval es que hay un sector de la población, específicamente habitantes de comunidades rurales, al cual se le limita el acceso a oportunidades y se le impide el ejercicio de derechos elementales, específicamente por ser de origen indígena; pero también debe quedar claro que, aún si no se perteneciera a una etnia originaria, hay condiciones que impiden a muchas personas sobrepasar la línea de la pobreza.
Y aquí estamos refiriéndonos a personas con al menos una carencia social: cuando ubicamos comunidades en las cuales la escuela opera a duras penas, los habitantes no tienen cerca un centro de salud y, en caso de enfermedad grave, deben recorrer grandes distancias para llegar a un hospital; cuando sus ingresos dependen de un empleo en el sector informal, y la paga les impide acceder a una canasta alimentaria básica, estamos hablando de muchas más personas que las que se identifican como indígenas. Ahora bien, la medición refleja que, precisamente por ser indígenas, la dificultad para ejercer estos derechos es todavía mayor.
El Coneval concluyó recomendando la priorización de recursos y esfuerzos en los municipios que han resultado más desfavorecidos, a fin de tener un impacto positivo en el desarrollo regional y nacional. Esto, sin embargo, resulta un contrasentido toda vez que hay estados, como Yucatán, precisamente, que han resultado sumamente atractivos para la inversión y el establecimiento de varias empresas. Entonces, el cuestionamiento debe ser hacia el modelo de desarrollo y establecer que éste sea más equitativo, a fin de favorecer a todas las personas, independientemente de su origen étnico; estaremos hablando, entonces, del combate a la desigualdad.
Edición: Fernando Sierra
