Opinión
La Jornada
06/05/2025 | Ciudad de México
Yusef al Nayar, bebé de cuatro meses de edad, se sumó ayer a la macabra lista de cuando menos 52 mil 560 personas masacradas por Israel en su operativo de limpieza étnica de la franja de Gaza. Como el pequeño, cada 40 minutos un menor de edad muere en el enclave palestino bajo las bombas y las balas del autodenominado "ejército más moral del mundo", así como víctima del cerco total impuesto por éste hace dos meses, cuando la potencia ocupante decidió romper de manera unilateral el alto el fuego alcanzado en enero y proseguir el genocidio.
La situación creada por el bloqueo a toda ayuda humanitaria ha sido descrita por la Cruz Roja como "un infierno en la tierra", mientras esta semana la legación mexicana ante la Corte Internacional de Justicia condenó el cerco de forma explícita al denunciar que "la restricción del acceso a la ayuda humanitaria, obstrucción de combustible y medicinas, y la destrucción sistemática de infraestructura esencial para la supervivencia civil constituyen castigo colectivo y represalias contra la población civil, prohibidas por el derecho internacional humanitario".
Aunque parezca imposible, este panorama desolador está a punto de empeorar ante la decisión del régimen de Benjamin Netanyahu de completar la "conquista" de Gaza y confinar a más de 2 millones de palestinos en un pequeño reducto en el sur de la franja, desde donde se propone expulsarlos con el apoyo de Washington.
Además de constituir un crimen contra la humanidad y una violación del derecho internacional, la continuidad y ampliación de las operaciones bélicas van en contra de los deseos de casi tres cuartas partes de los habitantes de Israel y de un creciente número de integrantes de las fuerzas armadas, quienes han dejado claro que a estas alturas la masacre ha dejado de tener sentido desde la perspectiva de seguridad nacional. Aunque a la inmensa mayoría de la sociedad israelí no le conmueve la aniquilación del pueblo palestino, se opone a los planes de Netanyahu por considerar que privilegia consideraciones militares e incluso cálculos políticos por encima de lo que 70 por ciento de los ciudadanos considera prioritario: el regreso de los 58 rehenes que permanecen en poder de Hamas, incluidos los que han muerto por culpa de los indiscriminados bombardeos de Tel Aviv.
Lejos de atender a los soldados, a sus propios ciudadanos y a la legalidad –que siempre le ha tenido sin cuidado, pues se sabe impune bajo el paraguas de la complicidad de Occidente–, el régimen fascista ha redoblado su apuesta de someter por fuego y hambre al indómito pueblo palestino, que no exige sino su derecho a existir. Si Netanyahu y sus aliados se han convertido ya en los mayores criminales de Estado del siglo XXI, el Occidente colectivo y los gobiernos del Sur global que pretenden formar parte del "mundo desarrollado" se manchan las manos cada día que financian, aplauden o justifican el exterminio tan sistemático como irrefutablemente documentado de civiles, periodistas, médicos, personal de la ONU y de todo aquel que se interponga entre el supremacismo racista de Tel Aviv y sus objetivos.
Como expresó la vocera de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Olga Cherevko, debería preocuparnos que "dentro de cinco, 10 o 20 años miremos a nuestros hijos y nietos con vergüenza y no seamos capaces de explicarles por qué no pudimos detener este horror".
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Edición: Estefanía Cardeña
