El tema de los desaparecidos no es nuevo, tampoco lo es la politización de su manejo. Los antecedentes pueden remontarse a la época de la guerra sucia y todavía más atrás, a las décadas de 1930 y 1940, cuando las ejecuciones por ser opositor al gobierno del naciente Estado mexicano posrevolucionario se hicieron algo habitual. En los últimos años se ha hecho evidente que se ha creado un problema social a causa del choque entre los derechos de las víctimas, cuyas familias reclaman como mínimo que les sean entregados los cuerpos de sus seres queridos, y por otro una histórica desconfianza hacia las instituciones policiales del Estado, entre ellas las Fiscalías y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La voz principal en el concierto de clamores por la verdad sobre los miles de personas desaparecidas ha estado a cargo de un sinnúmero de mujeres, madres en su gran mayoría, originarias de prácticamente todos los estados de la república. El asunto no es menor, porque aunque la responsabilidad de los hechos se le ha adjudicado a varios actores y ahora se quiera decir que el Estado ya no es quien comete este delito, también lo es que a esta entidad le corresponde investigar, arrojar luz sobre los hechos y dar una respuesta a las víctimas, que son miles de familias.
Por el contrario, lo que ha quedado patente tras la decimotercera Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, es la falta de investigaciones. Han tenido que ser ellas quienes suplan la desidia, deficiencias e incapacidad de las fiscalías; las que, como si se tratara de una ceremonia prehispánica dedicada a los dioses de los montes, piden permiso al crimen organizado, gritando a los cuatro vientos que solamente pretenden excavar un terreno para hallar algún resto óseo, unos zapatos, una camiseta… algo que les permita dar fin a su duelo.
Lo cierto es que la desaparición forzada sigue existiendo. Lo grave es que las primeras respuestas sigan siendo con ánimo de revictimizar a quienes deben ser localizados. Al impacto de la noticia, quienes denuncian deben sumar el maltrato en las agencias del Ministerio Público, donde deben escuchar un “¡Híjole! ¡Pues quién sabe en qué pasos andaría!”, y después, soportar el tormento del silencio de las autoridades.
Deben aguantar también el desengaño, al que se responde con escepticismo crónico. No han sido pocos quienes han escuchado de un expresidente un cúmulo de promesas, de instrucciones a gobernadores, pero después terminan siendo asediados para que sus voces abandonen el concierto de clamores por justicia, como para que sus casos caigan rápidamente en el olvido. El otro lado de la moneda también se ha hecho presente: de 2010 a la fecha, se han contabilizado 27 buscadores asesinados, ejecuciones pendientes de aclarar, a las que deben sumarse las de periodistas como Javier Valdez, uno de los primeros en poner su pluma al servicio de las madres buscadoras.
Cuando desde las instituciones no hay más respuestas que el silencio sobre más de 127 mil desapariciones, cabe cuestionar cuál es el valor de las mismas y a quiénes sirven realmente, porque queda claro que no es a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Cuando existen duplicidades de registros de desaparecidos, porque las fiscalías no comparten datos, ni se coordinan, sólo se brindan elementos para alimentar el escepticismo.
Edición: Fernando Sierra
