Opinión
La Jornada Maya
14/05/2025 | Mérida, Yucatán
Desde que recibió el distintivo de “Pueblo Mágico”, a finales de 2020, los pobladores de Sisal ha reclamado los supuestos beneficios que les traería el programa, exhibiendo que sus calles siguen en mal estado, las escuelas operan con serias deficiencias, y ahora, que no tienen dónde vivir. Mientras, el valor del metro cuadrado se ha disparado en la zona, llegándose a mencionar millones en la primera fila, frente al mar.
Los escándalos han sido periódicos, y lo que hasta hace pocos años era un edénico pueblo de pescadores, del cual era posible presumir su rica historia como puerto internacional hasta antes de la fundación de Progreso, se ha sumado a los asentamientos donde el tejido social muestra puntos de desgaste severo a causa de los muchos intereses económicos que están detrás de cada conflicto que ha surgido.
En los últimos meses, la tensión con respecto a la superficie habitable en ese puerto ha escalado, en lo que se presenta al público como un gran conflicto entre el capital, particularmente empresas inmobiliarias y linajes de empresarios, representantes o principales accionistas de las primeras, los sisaleños; los propietarios de casas de verano, y organizaciones conservacionistas y activistas por los derechos humanos, todos demandando la intervención puntual de las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente.
En redes sociales han circulado denuncias de corte de mangle, un delito ambiental serio, y más recientemente la devastación de vegetación de la duna costera con el fin de lotificar una superficie “ganada” al mar. Los perpetradores alegan que pretenden construir viviendas, porque ya no hay terrenos hacia donde puedan hacerse los nacidos en esa comisaría del municipio de Hunucmá. Sin embargo, las sospechas de que se trata de una operación para invadir, obtener certificados de propiedad y después vender a las inmobiliarias que terminarán edificando hoteles en la primera fila -y con ello privar del paisaje a quienes llevan décadas como propietarios -se ha hecho una especie que para muchos es más que razonable.
Después de más de 10 días de las denuncias a través de redes sociales, en las cuales incluso se ve a uno de los presuntos invasores amenazar con un machete a quien lo grababa con un teléfono celular -la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal, ha salido a indicar que los terrenos en cuestión son propiedad de la nación y que nadie puede disponer de ellos sin contar con una concesión otorgada por esa dependencia; esto independientemente del uso que se quiera dar a la superficie.
Ampliando su exposición, la Secretaría agrega que estos terrenos son bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, inalienables, imprescriptibles e inembargables, y que a ella únicamente le corresponde promover su uso y aprovechamiento sustentables, por lo que los gobiernos estatales y municipales carecen de atribuciones sobre ellas.
El mensaje de la Semarnat pretende dejar en claro quién tiene la potestad sobre los terrenos ganados al mar, y que toda invasión a estos será un conflicto con la Federación. Entre líneas, que serán los cuerpos policiales de la misma Federación quienes intervendrán en el futuro. Mal augurio para los capitales que ya preparaban renders para vender departamentos a “inversionistas”, pero esto no implica que la calma regrese al puerto.
Mientras, la supuesta magia abandona Sisal, porque los reclamos de un desarrollo justo, que beneficie a quienes llevan generaciones viviendo ahí siguen en espera a ser atendidas, pero los capitales siguen al acecho de una oportunidad, manteniendo la especulación sobre el futuro de la población y las “oportunidades” de inversión.
Edición: Fernando Sierra
