Electricidad y estabilidad social en la península

La temporada de sequía en la península de Yucatán suele estar asociada a serias dificultades que enfrenta la población con relación al abastecimiento de electricidad en los hogares. Cada una de las tres entidades en que se ha dividido políticamente el territorio enfrenta, de distintas maneras, el mismo problema: la garantía de flujo para hogares y negocios en la época en que se alcanzan las temperaturas más altas en la región, pero al mismo tiempo, es la temporada en la cual se producen más apagones.

Tanto Campeche como Yucatán y Quintana Roo enfrentan el mismo problema: la incertidumbre en cuanto a la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para brindar el servicio de fluido eléctrico a hogares, empresas y negocios. A unos y otros, cuando se da una interrupción en este servicio; es decir, un apagón, se les afecta porque de alguna manera todos experimentan una afectación: desde el daño a refrigeradores y equipos de aire acondicionado, hasta pausas indeterminadas en la operación de plantas productivas y en la cadena de producción de bienes y servicios.

Este fin de semana, la queja proviene de habitantes de las colonias Villas Tulum, Tumben Kah y La Veleta, en el municipio de Tulum, Quintana Roo, a quienes los bajones y apagones les han causado daño en aparatos electrodomésticos. Sin embargo, el problema se extiende a lo tres estados, y en cada uno de ellos la afectación es similar: daño al patrimonio de miles de familias a causa de los apagones, y por otro lado, miles de empresas deben interrumpir sus actividades por la carencia de electricidad, que les impide realizar operaciones tan básicas como emitir una factura validable ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La afectación general ya ha producido reacciones diversas, pero lo que causa el mayor descontento es la nula respuesta por parte de la CFE a los apagones. Por un lado está el exagerado tiempo de espera para crear el reporte correspondiente a una falla y por otro que algunos vecindarios pueden dar cuenta de la regularidad de las interrupciones en el suministro: existen colonias, en los tres estados, donde los residentes ya esperan que a una hora determinada se caigan las cuchillas o se dé una sobrecarga del transformador, que termina por afectar a cientos de familias.

Una de las principales afectadas en Yucatán es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del estado (JAPAY), empresa paraestatal cuyas bombas dependen completamente de la regularidad del flujo eléctrico. Así, cuando ocurre un apagón, en esta empresa deben definir una secuencia de encendido de bombas para que el agua llegue a miles de hogares, cosa que altera cualquier interrupción en el abasto de electricidad. En la capital yucateca, por ejemplo, existen colonias como la García Ginerés, donde los apagones pueden ocurrir a cualquier hora porque la infraestructura de distribución data ya de por lo menos 70 años, y no ha habido alguna acción para modernizarla.

Agreguemos que todo apagón resulta en un daño a los hogares en el sentido de que toda mercancía alimenticia que se encuentre en congelación puede terminar dañada al darse una alteración en las condiciones de conservación, algo que miles de familias podrían reclamar justamente. Ahora bien, la afectación no es solamente para los hogares sino para todo negocio -especialmente aquellos que califican entre micro y pequeño -que dedica una parte de su actividad al expendio de alimentos que requieren refrigeración. Tenemos, pues, un daño particularmente grave a micro y medianas empresas que pagan impuestos.

Ahora, se ha vuelto frecuente encontrar, en redes sociales, llamados a secuestrar y amarrar a empleados de la CFE hasta que no se realice el cambio de transformadores y/o líneas de abastecimiento. Lamentablemente, quienes resultan los más perjudicados son los empleados de la paraestatal, porque también son quienes menos culpa tienen en la afectación que causan los apagones. La gran mayoría de los electricistas acude a atender una falla y lo hace de acuerdo a la instrucción que se le da desde las oficinas centrales; es decir, ellos no tienen capacidad de decisión sobre el cambio de un transformador o el aumento de capacidad de alimentación de las líneas; esto obedece a políticas dictadas desde la Ciudad de México, pero también es reflejo de la falta de visión por parte de quienes, desde la península, deben remitir planes de trabajo y de modernización de la infraestructura de distribución del fluido eléctrico de acuerdo con el crecimiento de la población. Si estos últimos guardan silencio, no puede existir más respuesta que el descontento.

Edición: Fernando Sierra