Opinión
La Jornada Maya
17/06/2025 | Mérida, Yucatán
Jorge Luis González Valdez libra, desde abril del presente año, otra de las mayores batallas de su vida. Fue entonces cuando fue arrestado, con fuerza desmedida si se toma en cuenta que tiene más de 70 años, por policías estatales; esa misma fuerza que en marzo de 2024 uniera a la población campechana en su apoyo, al conocerse las condiciones precarias en que desempeñaban su trabajo.
Otra batalla, porque no es la primera que González Valdez ha tenido que enfrentar, y porque de nuevo es una que debe hacer como periodista, a pesar de que no ejerce en ningún periódico desde 2016, cuando dejó la dirección general del diario Tribuna. Hoy se encuentra vinculado a proceso, acusado de los delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora de ese estado, Layda Sansores San Román.
Hoy, la jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, ha impuesto las penas que deberá cumplir el veterano periodista, pero también el medio con el cual no existe ya relación laboral: prohibición de ejercer el periodismo en los próximos dos años, así como pagar 2 millones de pesos, por concepto de indemnización, al director de Comunicación del gobierno de Campeche, Walther Patrón Bacab, por presunto daño moral; para esto, la juzgadora impuso el embargo de las propiedades de González Valdez con tal de garantizar el pago.
Por otra parte, la jueza también ordenó una medida que no se veía desde los años del Maximato: el cierre de Tribuna, que existía ya solamente como plataforma digital, tras el cierre de su edición impresa en febrero de 2024, así como vincular a proceso a Isidro Yerbes, representante de la empresa editora del periódico.
Hace 30 años, González Valdez tuvo que enfrentar al gobierno que encabezaba Jorge Salomón Azar García. Entonces, la persecución fue también contra reporteros, fotógrafos y hasta personal administrativo de Tribuna. El caso por “daño moral” llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la recomendación 71/1996, que no le dio la razón al periodista, puesto que las denuncias fueron hechas por familiares del mandatario, lo que no era suficiente para acreditar censura. Sin embargo, se demostró que existió retraso por parte de las autoridades ministeriales en perjuicio de varios trabajadores de ese diario.
En el ambiente está la pregunta de si, como sociedad, México debe discutir nuevamente los límites de la libertad de ideas y su difusión a través de los medios. Estamos metidos en ella desde mediados del siglo XIX, cuando los delitos de imprenta debían ser calificados primero por un jurado popular. Hoy, la perspectiva de que las causas contra periodistas lleguen ante juzgadores electos, pero desconocedores de la historia por la libertad de expresión y el derecho al escrutinio de la persona del gobernante, es una realidad.
Por lo pronto, hemos presenciado cómo, desde el Martes del Jaguar, se han enfilado las baterías contra un jubilado que dispone de sus redes sociales para difundir su opinión, como podría hacerlo cualquier ciudadano. Ahora bien, el fallo de la jueza no ha demostrado que las publicaciones de González Valdez promuevan el odio contra la gobernadora; hay mucha diferencia entre crítica a las acciones y la descalificación a la persona. Ante el escrutinio público de la decisión judicial, aún está pendiente la justificación de las medidas contra el periodista y todavía más, su relación actual con Tribuna. El asunto, mientras, es vital para todos los medios, independientemente de filias y fobias.
Edición: Fernando Sierra
