Opinión
La Jornada Maya
29/06/2025 | Mérida, Yucatán
El estado de Campeche es, actualmente, uno de los principales escenarios de un debate que puede resultar en la reinterpretación de dos derechos que se encuentran garantizados por la Constitución. Por un lado, la libertad de expresión, y por otro una vida libre de violencia, especialmente la política en razón de género.
Sobre el tema, hay varias aristas: por principio, el debate se está dando tras el arresto y condena del periodista Jorge Luis González Valdez, ex director del diario Tribuna, y el cierre de este medio, que desde febrero de 2024 funcionaba solamente como plataforma digital. Además de que la juez Guadalupe Martínez Taboada estableció una indemnización por dos millones de pesos para el vocero del gobierno campechano. Esto por, supuestamente, incitar al odio contra la gobernadora, Layda Sansores Sanromán.
Mientras, en Hermosillo, el aparato judicial dirigió sus baterías contra un ama de casa que, desde la red social X cuestionó el modo en que la diputada federal Diana Karina Barreras obtuvo la candidatura a la Cámara Baja por el Partido del Trabajo. En la investigación intervinieron el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
El tema a zanjar es si la figura legal de violencia política contra las mujeres en razón de género será en lo futuro el equivalente a otros delitos como “resistencia de particulares”, “injurias contra funcionarios públicos”, o los denominados “contra el honor o la fama pública”, para contener a la crítica. Lo que se vislumbra es que la persecución de la “violencia” alcanza incluso a las personas comunes, ajenas a la militancia partidista, y que tanto las pesquisas como la imposición de penas resultan desmedidas con respecto al supuesto daño.
Por otro lado, también es de llamar la atención que quienes se han quejado y obtenido sanciones a su favor, han sido mujeres ligadas a los gobiernos emanados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos satélites. Faltaría ver si proceden las demandas de las militantes en la oposición, como podría ser el caso de Bibi Rabelo de la Torre, presidenta municipal de Campeche, quien llegó al cargo postulada por Movimiento Ciudadano (MC), o si en su caso hicieran lo propio Margarita Zavala y Lilly Téllez, a quienes sus homólogos legisladores varones han llamado de forma ofensiva en varias ocasiones durante las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.
Hay, por supuesto, una desproporción entre quienes acusan y las personas señaladas. En una causa de violencia política contra las mujeres debe existir el estudio, cuando se trata de expresiones como las vistas hasta ahora, de quién provienen y el alcance que tienen en la sociedad. Por supuesto, no será igual un cuestionamiento hecho en las redes sociales de una ciudadana a una presunta ofensa en un portal de noticias o ser llamada “loca”, por dar un ejemplo, por un par durante una sesión de la Legislatura. Ahora, si la interacción en las Cámaras se basa en ofensas, ¿por qué esperar que el pueblo político no haga lo propio con sus autoridades, independientemente de si se trata de hombres o de mujeres?
Una parte importante de la defensa de la libertad de expresión debe darse en el ámbito de los alcances de la sátira política. México tiene un largo, importante historial de esta vertiente del lenguaje político que conjunta las artes plásticas con la cultura popular y el periodismo, y en el cual la exageración de los rasgos de las personas es crucial, porque aquí la crítica no va solamente al trabajo de cualquier funcionario, sino también a la imagen que proyecta. Así, ¿resultarían violentas las caricaturas contra el senador Gerardo Fernández Noroña en las que aparece semidesnudo, cubierto apenas por una toalla?
La persecución judicial de la violencia política debe ser, entonces, proporcional al alcance de quien presuntamente la haya cometido. Esa será tarea de los distintos jueces que han sido electos; pero también es deber de nuestra clase política el dar el ejemplo en cuanto al no ejercicio de la violencia en sus debates, aunque tal vez jamás veremos su eliminación, porque ejercerla también brinda exposición ante la base electoral.
Edición: Fernando Sierra
