Peña Nieto y los trascendidos mediáticos

En un breve mensaje en X (antes Twitter), el ex presidente Enrique Peña Nieto rechazó ayer la veracidad de una nota aparecida la víspera en el periódico israelí The Marker según la cual el político mexiquense habría ofrecido "lucrativos contratos" para la compra del software espía Pegasus a dos empresarios israelíes, quienes a cambio le entregaron 25 millones de dólares. Tal información se desprendería de disputas ventiladas entre los donantes –en un tribunal religioso y, posteriormente, en un juzgado civil–, quienes acabaron confrontados entre ellos y, al parecer, sin ver coronado su corrupto negocio. Peña calificó la nota de "totalmente falsa" y de "insinuación carente de sustento" y se preguntó a qué intereses responde la publicación de la nota.

El asunto es de interés desde diversos puntos de vista. Para empezar, es de evidente necesidad que las autoridades mexicanas investiguen lo que hasta ahora es una especie y determinen si hay responsabilidades a deslindar, sea del ex mandatario, de los empresarios presuntamente involucrados, de los tres o de ninguno de ellos, no sólo por lo que podría ser un caso de corrupción, sino también porque se vincula con el espionaje ilegal que durante décadas –y con mayor intensidad en la era de las comunicaciones digitales– practicó el gobierno en contra de civiles. En este sentido, la pesquisa podría echar luz sobre las maneras turbias en la que Pegasus fue adquirido, instalado y empleado en sexenios anteriores por diversas dependencias.

Por otra parte, es claro que el señalamiento del medio israelí se beneficia de contexto y antecedentes que le aportan verosimilitud, si se considera la escandalosa corrupción que imperó en el sexenio peñista, la cual sólo ha sido investigada en casos excepcionales y no de manera sistémica, pese a que en ella se perdieron cientos de miles de millones o billones de pesos del dinero público; fue una pérdida que tuvo nefastas consecuencias políticas, sociales, económicas y morales para el país y la población en general.

Con todo, desde que era candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno no emprendería una demanda por la inmundicia administrativa de sus antecesores, pues consideraba que sería extremadamente difícil ganar los procesos legales resultantes y el sostenerlos implicaría un enorme esfuerzo que distraería las energías requeridas para llevar a cabo las transformaciones que se proponía realizar. En tales circunstancias, señaló que sería tarea de la Fiscalía General de la República (FGR) investigar y judicializar las denuncias que se presentaran al respecto.

Hoy, aunque la publicación comentada no constituye una denuncia formal, resulta necesario que la FGR investigue de oficio lo que se señala en ella, no sólo para ratificar o desmentir formalmente su veracidad –algo que resulta de interés para el país y para el propio Peña Nieto–, sino también para echar luz sobre la turbia maraña de intereses que se movió, y que acaso se sigue moviendo, entre empresas de seguridad israelíes que por décadas han operado en México en forma opaca, si no es que siniestra.

No debe soslayarse que no sería ésta una tarea fácil: la escasa disposición del régimen de Tel Aviv a colaborar con la justicia mexicana ha quedado clara en el caso de Tomás Zerón de Lucio –también vinculado a tales empresas–, pedido por nuestro país en extradición y a quien las autoridades de Israel parecieran estar protegiendo. Sin embargo, resulta imperativo que lo que hasta ahora es una versión sin pruebas sobre el presunto negocio entre Peña Nieto y los dos empresarios israelíes sea esclarecido a cabalidad.

Edición: Ana Ordaz