Extorsión: crimen contra el Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional a fin de que el delito de extorsión se investigue de oficio, de tal modo que se quite a las víctimas la carga de la denuncia, la cual suele conllevar riesgos graves. De aprobarse la propuesta de la mandataria, se considerará al Estado el agraviado de todo evento de extorsión por los efectos y consecuencias que acarrea, medida que permitirá llevar a cabo un combate estratégico mediante acciones de investigación e inteligencia; programas y capacitación de personal especializado, canales de denuncia, seguimientos coordinados, atención efectiva a los ofendidos y testigos, así como líneas de investigación eficaces para lograr la reparación integral del daño.

La iniciativa de reforma presentada por la Presidenta es de evidente necesidad en un contexto en que la extorsión es el único crimen de alto impacto que continúa al alza pese a la exitosa estrategia de seguridad pública del gobierno federal. En junio de este año se logró una disminución de 24.5 por ciento en la incidencia de homicidios respecto a septiembre de 2024, avance que no sólo hace de junio pasado el mes que ha registrado menos asesinatos desde 2019, sino que además representa una baja de 34.5 por ciento frente al pico alcanzado en 2019. Para el resto de los crímenes de alto impacto, de junio de 2024 al mismo periodo de 2025 hubo una reducción de 20.2 por ciento, lo cual indica que la extorsión requiere medidas adicionales y distintas a las aplicadas con buenos resultados en otros casos.

El Estado debe empeñar todas sus capacidades en la lucha contra esa lacra no sólo por el número y la persistencia de las extorsiones, sino por su carácter especialmente pernicioso: cuando una persona o un negocio son obligados a pagar “derecho de piso” al crimen organizado para que les permitan continuar las labores de las que obtienen sustento, no sólo se afecta a las víctimas directas: el cierre de empresas o el achicamiento de sus actividades a causa de la coacción impacta en comunidades enteras por la pérdida de empleos e inversiones, con el consiguiente desplazamiento de personas y capitales hacia zonas consideradas más seguras. Por otra parte, a esta modalidad de extorsión “presencial” en que sujetos armados amenazan directamente a sus víctimas se suman las extorsiones fraudes virtuales, consistentes en llamadas telefónicas o mensajes de texto que hacen creer a los estafados que ellos o sus seres queridos corren un riesgo si no entregan las cantidades que les solicitan.

Para combatir con eficacia la extorsión es preciso dilucidar las causas de que este delito se muestre resistente a las estrategias que han asestado severos golpes al narcotráfico, el huachicol y otros ilícitos. Es posible, por ejemplo, que el auge de las coerciones refleje una obligada diversificación de actividades ilegales ante el declive de otros giros ilícitos. También cabe pensar que responda a la documentada dispersión de los viejos cárteles en pequeñas células descentralizadas que medran en cotos territoriales mucho más limitados y que, al no poder manejar actividades de gran escala, explotan directamente a los ciudadanos sin relación alguna con el mundo criminal. También es necesario establecer la manera en que las extorsiones virtuales se ven potenciadas por tecnologías de comunicación que dan acceso a millones de números de teléfonos móviles desde call centers que pueden montarse con una inversión mínima.

A partir de datos que expliquen el auge de las extorsiones, deben emprenderse todas las acciones pertinentes para erradicar este flagelo que desgarra el tejido social y amaga con descarrilar los avances en materia de fomento a la economía y reducción de la pobreza. Mientras la población no pueda generar ingresos y realizar sus actividades cotidianas sin miedo a padecer de amenazas y fraudes, el potencial del país se verá lastrado por la desconfianza y la incertidumbre.

Edición: Estefanía Cardeña