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Foto: Gobierno de Yucatán

Mientras en otros estados se han dado enfrentamientos desproporcionados entre funcionarios de distintos niveles emanados de los partidos vinculados a la llamada Cuarta Transformación y periodistas, llegando incluso a la denuncia de una diputada federal contra un ama de casa por una publicación en redes sociales, por la cual el Tribunal de Justicia Electoral impuso a esta última una pena que incluye publicar disculpas públicas durante 30 días, pagar una multa y tomar un curso para identificar la violencia política de género, el gobernador de Yucatán ha optado por la vía serena de respeto a la libertad de prensa y a escuchar a las partes involucradas.

La conversación política de los pasados meses de mayo y junio incluyó la palabra “censura” en buena parte del espacio, entendida como la sanción contra el medio y la persona que publique contenidos críticos contra autoridades y funcionarios. En Puebla se frenó la promulgación de ley de ciberseguridad, que contemplaba la incorporación de dos delitos al Código Penal de ese estado; el espionaje digital y el ciberasedio; la amplitud de este último habría permitido que cualquier servidor público demandara a un medio o particular por compartir información que le resulte incómoda.


En Yucatán, el gobernador morenista Joaquín Díaz Mena aprovechó un segmento de su conferencia matutina mensual con los medios de comunicación para hacer un llamado a todas las autoridades y servidores públicos del estado para que el respeto al ejercicio periodístico y la libertad de expresión se encuentren efectivamente garantizados.

La cuestión no es menor, dado el contexto nacional e incluso peninsular, pues uno de los casos más sonados de enfrentamientos entre periodistas y gobierno se ha dado en Campeche. También es cierto que Díaz Mena ha manifestado que de alguna manera le han afectado las críticas hacia su gusto por la música y el mostrarse en redes sociales tocando la guitarra, a lo que ha respondido con una ardorosa defensa de su vena artística, mas no ha recurrido a perseguir a quienes han querido hacer burla de esta expresión de su personalidad y formación.

“Estoy en contra de cualquier forma de violencia hacia periodistas”, ha recalcado el mandatario, haciendo referencia a hechos recientes que involucran al presidente municipal de Espita y su cabildo. En esta demarcación, ubicada al oriente de Yucatán, una zona que Díaz Mena conoce más que bien, la alcaldía está en manos del morenista Mario Isaías Sánchez Esquivel, quien ha sido señalado de incumplir con un principio básico: celebrar públicamente las sesiones del cuerpo edilicio y transmitirlas en vivo. El trabajo del reportero Israel Cárdenas exhibió que en estas sesiones se trató el aumento de sueldo para Sánchez Esquivel, y por ello fue retenido por policías municipales y se le impidió el acceso al palacio municipal.

El llamado del gobernador a los servidores públicos de los tres poderes y los municipios es muestra de que la prensa yucateca ha ajustado su comportamiento a la legalidad. En general, los medios de comunicación han sido respetuosos de las personas. El trabajo reporteril, bien entendido, incluye preguntar y mencionar con todas sus letras a los elefantes en la habitación; mientras que demandar que las autoridades y funcionarios sean transparentes en todos sus actos es una exigencia de la ciudadanía.

Resulta pues, positivo, que el gobernador haya llamado a garantizar el respeto al trabajo periodístico y la libertad de prensa. En un país en el que se considera un peligro ser reportero, es reconfortante que se comprenda que si un integrante de la Cuarta Transformación deja de conducirse bajo los principios del movimiento y persigue a periodistas, arrastra con su ejemplo a toda la Cuarta Transformación.


Lea, de la misma columna: Huachicol, más que decomisos

Edición: Fernando Sierra


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