Opinión
La Jornada
22/07/2025 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó ayer que la remoción de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de la colonia Tabacalera, ordenada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, no sólo fue un acto de una intolerancia tremenda, sino que además constituye una conducta ilegal, ya que el retiro de esculturas del patrimonio público debe ser aprobada por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, integrada por dependencias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, señaló que la edil incurrirá en el delito de daño patrimonial si concreta su amenaza de subastar las efigies.
En un video, la alcaldesa panista aseguró que ordenó quitar las figuras debido a que en los archivos de la alcaldía no existe un papel que autorice su instalación, entre otras presuntas irregularidades administrativas y, en su habitual tono estridente, afirmó que "aquí en Cuauhtémoc se acabó eso de hacer lo que quiero, poner lo que deseo y pasar por encima de las normas; se está construyendo una alcaldía donde la ley sí se respeta, donde se gobierna con orden y, sobre todo, con respeto a la voluntad ciudadana, no con caprichos personales". Sin embargo, en declaraciones posteriores ha evidenciado que su denominada "recuperación del espacio público" responde a su antipatía personal hacia los personajes retratados y la lucha emancipatoria que encabezaron.
Más allá de los sentimientos que los líderes de la revolución cubana susciten en cada persona, el encuentro de Castro y el Che en el entonces Distrito Federal, en 1955, simboliza el papel histórico de México como lugar de refugio para los perseguidos por las dictaduras que asolaron a América Latina y el Caribe durante el siglo XX y, en un sentido más amplio, de la tradición de asilo que es uno de los pilares de la política exterior mexicana, así como uno de los mayores aportes del país a la humanidad. Al pretender borrar un episodio de la historia mundial mediante la usurpación de funciones, la edil blanquiazul exhibe un ánimo censor y un autoritarismo que no tienen cabida en una democracia. Su ejercicio de la función pública en abierto atropello a la ley y a través de caprichos personales, como los que dice combatir, recuerdan de manera lamentable a su antecesora y ex compañera de coalición: Sandra Cuevas, con quien la hermana un afán de notoriedad pernicioso para el desarrollo de sus labores.
Por respeto a la ciudadanía y a la legalidad, Rojo de la Vega debe entregar las esculturas a las autoridades competentes y permitir que sean éstas, en el marco de sus atribuciones, las que decidan si son reinstaladas en su emplazamiento original o si se les reubica. Si la edil no pone fin a sus arbitrariedades, las autoridades federales y capitalinas deberán analizar la pertinencia de aplicar sanciones a fin de evitar que funcionarios inescrupulosos priven a los habitantes del patrimonio cultural con base en fobias ideológicas y ansias mediáticas.
Edición: Ana Ordaz
