Opinión
La Jornada Maya
12/08/2025 | Mérida, Yucatán
Tan solo por las dimensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) resulta ingenuo pensar que no existen resquicios para la corrupción en esa empresa paraestatal. Considerando sus divisiones, cantidad de plataformas de extracción, plantas de almacenamiento, oficinas administrativas y hasta hospitales, se concluye que para operar requiere de grandes cadenas de abastecimiento y de sumas de dinero que muchos ni siquiera imaginan.
Así, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este lunes a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga de sobornar a funcionarios de la petrolera estatal entre 2019 y 2021; es decir, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a fin de manipular licitaciones y obtener contratos por millones de dólares, esto resulta verosímil simplemente porque la historia de Pemex también ha dado motivos para por lo menos sospechar los niveles de corrupción imperante antes; pero también que resultaría sumamente difícil, si no imposible, cortar de tajo con las prácticas indebidas, cohechos y componendas, sin encontrar resistencia alguna.
Según el Departamento en cuestión, los empresarios entregaron dádivas con valor de unos 150 mil dólares, para obtener contratos por al menos 2 millones 500 mil billetes verdes. Al momento, Rovirosa Martínez se encuentra detenido, mientras que Ávila Lizárraga está prófugo.
En su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a Pemex la información pertinente para confirmar si hubo contratos con los dos empresarios, aunque se detuvo en Ávila Lizárraga, apuntando que éste fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Campeche en 2009, aparte de haber laborado en la paraestatal. Esto habla más de la fortaleza del vínculo de la clase política con el poder económico y del peso que tienen las relaciones personales para hacer negocios “en lo oscurito”, independientemente de la militancia partidista.
El comunicado del Departamento de Estado estadunidense indica que “Al menos entre 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron y dieron sobornos en forma de artículos de lujo, incluidas mercancías de las marcas Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros objetos de valor a por lo menos tres funcionarios de Pemex”. Lo que hasta este momento se ignora es quiénes fueron esos tres funcionarios, aunque están identificados por sus cargos; es decir, hay elementos más que suficientes para realizar una investigación interna e incluso realizar una auditoría a los contratos que se hayan suscrito, si es que realmente se firmaron y ejecutaron.
Es necesario hacer la precisión, porque Estados Unidos está acusando de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de ese país, y en este caso México debe dar cuenta, fuera de toda duda, de si esa conspiración se ejecutó y obtuvo los contratos esperados.
Mientras, Pemex mantiene adeudos con sus proveedores, los cuales están en busca de esquemas para mantener la rentabilidad de sus empresas mediante la reducción de costos. Esto es lo que están haciendo algunos empresarios al incluir en su plantilla a personas adscritas al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aunque sea necesario brindarles alguna capacitación. Estamos hablando de empresas que aportan cuadrillas de trabajo a las plataformas marítimas, ya sea para servicios de alimentos, de limpieza, entre otros, y por falta de experiencia están más expuestos a accidentes, lo que implica un mayor riesgo para quienes los contratan.
De ahí la importancia de que se resuelva y, en su caso, se castigue el daño patrimonial a Pemex. Las acusaciones de corrupción y sobornos a sus funcionarios impactan en la percepción que se tiene de la paraestatal, pues por un lado la población entiende que hay dinero, y mucho, para quienes pagan sobornos, pero para quienes brindan servicios básicos sólo hay promesas de pago.
Edición: Fernando Sierra
