Opinión
La Jornada Maya
13/08/2025 | Mérida, Yucatán
El objetivo de reducir la pobreza se antoja sumamente complicado para cualquier gobierno cuando los pronósticos de las calificadoras de inversiones o el Banco Mundial son de crecimiento económico muy bajo para las necesidades del país, y eso cuando son optimistas. Sin embargo, la tendencia en México indica que se está consiguiendo.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ha dado a conocer los resultados de algunas de sus encuestas y estos apuntan a que a pesar de las dificultades del entorno, las familias están saliendo adelante. Eso sí, hay que reconocer que la mejoría es lenta y que estas mediciones deben servir para impulsar políticas públicas que aceleren la superación de las diferentes líneas de pobreza, con los respectivos adjetivos que se les quiera incorporar.
Ya el mes pasado, el mismo Inegi presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024, de la cual se observan varias tendencias importantes; una es el envejecimiento de la población, seguida de la disminución en el número de personas receptoras de ingresos por hogar, pero también del aumento del ingreso promedio por hogar en más del 10 por ciento entre 2022 y 2024. Es decir, en cada casa hay más dinero pero cada vez menos residentes generan esa suma, y pronto serán más quienes estarán en edad de retiro.
Por otro lado, esta vez se presentaron los resultados de la medición de la Pobreza Multidimensional 2024, en la que a grandes rasgos se observa una disminución, en términos absolutos, de 13.7 millones de personas que viven con rezago educativo y carencias en cuanto a seguridad social, salud, espacios básicos y calidad de vivienda, así como de en una alimentación nutritiva y de calidad. Esta disminución se consiguió en ocho años, de 2016 a 2024, por lo que una lectura más afinada podría darnos el panorama previo y el posterior a la pandemia de Covid-19 y su impacto en la economía nacional. En otras palabras, es la expresión numérica de cómo México se ha repuesto del confinamiento.
La lectura de la medición de la Pobreza Multidimensional ofrece, en apariencia, números que no son para lanzar las campanas al vuelo hasta que se compara con el pasado más lejano u otros países en condiciones semejantes: hoy se tiene una disminución importante de la población que enfrenta esta condición de vida, y es algo que no se consiguió en todo el siglo XX.
Lo más interesante es que cuando hablamos de pobreza multidimensional no nos referimos a ingresos, sino a que estos no son suficientes para satisfacer dignamente una necesidad compleja y continua, o que los servicios que se le ofrecen -particularmente en salud y educación -no cumplen con los estándares necesarios para una atención adecuada, ni para quienes los necesitan, ni para quienes prestan esos servicios. Es decir, hay una responsabilidad institucional que tampoco se está cumpliendo.
El panorama peninsular resulta más o menos halagüeño. Eso sí, Campeche se encuentra por arriba de la media nacional, con 36.7 por ciento de su población, unas 347 mil 500 personas, con alguna carencia asociada a la pobreza multidimensional; Yucatán y Quintana Roo se encuentran por debajo de la media; con menos gente en esta situación, pero los porcentajes equivalen a uno de cada cuatro y uno de cada cinco habitantes, respectivamente.
La reducción de la pobreza multidimensional no es pareja. Entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen a más de la mitad de su población en alguno de los marcadores de esta pobreza. Eso no debiera ser consuelo para los peninsulares, pero sí un llamado de atención porque las acciones de los gobiernos locales inciden en el resultado.
Tenemos que agregar que la pobreza multidimensional no es solamente por contar con ingresos insuficientes para satisfacer necesidades específicas, sino también habitar en zonas donde los servicios son deficientes, y aquí vale referir a poblaciones donde apenas se cuenta con un dispensario médico atendido de lunes a viernes por un pasante, o donde la escuela carece de agua corriente. Ya no digamos crear las condiciones para que las empresas ofrezcan empleo formal, con prestaciones y seguridad social. En suma, el combate a la pobreza no puede quedarse en aumentos al salario mínimo y la repartición de apoyos económicos para grupos sociales vulnerables, también es que las autoridades locales contribuyan a garantizar derechos básicos como a la salud, educación, medio ambiente y vivienda, y esto implica cumplir con los planes de desarrollo y de dotar de infraestructura e insumos a quienes serán los encargados directos de cumplir con las obligaciones del Estado.
Edición: Estefanía Cardeña
