La sociedad toma la palabra (y el escenario)

Algo se está moviendo en Yucatán. Cada vez más, la sociedad civil irrumpe en espacios que hasta hace poco eran exclusivos de las autoridades. El cambio es profundo: pasamos de una ciudadanía que observa y delega a una que propone, decide y vigila; y de gobiernos que “otorgan” a gobiernos que ejecutan lo que la gente resuelve. Esta semana dejó varias postales de esa transición.

En el terreno del presupuesto, la segunda sesión del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto reafirmó una idea simple y poderosa: el dinero público no es del gobierno, es del pueblo, y debe administrarse con transparencia y con sentido humano. En la mesa no sólo hubo funcionarios; participaron voces empresariales y académicas que empujan por abrir las cuentas y amarrar cada peso a resultados medibles para la comunidad. Es la fiscalización en clave ciudadana, no un trámite, sino una práctica que empieza a normalizarse.

En la vida cultural, el Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana, renovó su Consejo Consultivo y ratificó a Roberto Abraham Mafud para el periodo 2025–2028, con la misión de fortalecer contenidos, gestionar fondos y patrocinios y abrir más el recinto al diálogo con artistas, academia y público. Que el órgano asesor incorpore figuras con trayectoria y legitimidad social —y que se declare como objetivo una programación cocreada— es más que un relevo: es un paso para que la política cultural deje de ser vertical y se vuelva un proceso compartido. Entre las y los nuevos integrantes se encuentran Juan Pablo Manzanero, Maricarmen Pérez, Pedro Carlos Herrera, Elena Fernández Moral, José Carlos Milán Magaña, Malena Durán, Felipe de la Cruz, Grecia Félix, Diego Nevárez Canto, Enrique Martín Briceño, Alejandro Castilla Pinto y Verónica Valerio, un elenco que mezcla creación, investigación y promoción cultural.

También hubo movimiento en la memoria de la ciudad. El Cabildo de Mérida designó como nuevos cronistas tras una convocatoria pública —la primera en dos décadas— a la que la sociedad civil respondió con propuestas y argumentos. No fue un nombramiento de oficina: fue una deliberación abierta acerca de quién debe narrar el pasado común y el presente que habitamos. Incluso se planteó revisar el reglamento para garantizar que las próximas convocatorias incorporen la voz de las mujeres, haciendo más plural esa tarea de contar a Mérida.

Los tres casos —presupuesto, Palacio de la Música y cronistas— apuntan al mismo horizonte: abrir todas las áreas de la vida pública a la decisión social. No basta con votar cada cierto tiempo; la legitimidad se construye a diario, con mecanismos que permitan que la ciudadanía observe, delibere y resuelva, y que las autoridades cumplan con eficacia y rendición de cuentas. ¿Cómo se aterriza esto? Con reglas claras: consejos con integración paritaria y rotación periódica; actas, criterios y minutas públicas; presupuestos con metas verificables y tableros abiertos; convocatorias que eliminen barreras de entrada; contralorías y jurados ciudadanos con dientes; y una obligación jurídica para que las decisiones tomadas en estos espacios sean vinculantes.

Si algo enseña esta semana es que cuando la sociedad toma la palabra, las instituciones ganan brújula. Los gobiernos dejan de administrar inercias y se convierten en operadores de consensos. Que así sea en el presupuesto y en la cultura, pero también en la planeación urbana, el transporte, el agua, la seguridad y la justicia: la sociedad decide, las autoridades ejecutan. Sólo entonces la democracia deja de ser promesa y se vuelve práctica cotidiana.

Edición: Estefanía Cardeña