Opinión
La Jornada
22/08/2025 | Ciudad de México
En las semanas recientes, el gobierno estadunidense ha elevado el tono y la frecuencia de sus ataques contra Venezuela hasta un nivel que replica de manera ominosa las campañas de desestabilización y desinformación que suelen preceder a sus intervenciones militares en otros países. La escalada comenzó con el anuncio de que Washington duplica de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por informaciones que lleven a localizar y arrestar al presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar cárteles del narcotráfico considerados “organizaciones terroristas” por la Casa Blanca.
Posteriormente, ésta fijó una gratificación de 25 millones de dólares por el ministro del Interior, Diosdado Cabello; envió tres barcos destructores a las costas venezolanas; ratificó que reconoce como gobierno legítimo de la nación caribeña al grupo golpista encabezado por María Corina Machado y su hombre de paja, Edmundo González Urrutia, y reiteró que utilizará todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a Estados Unidos.
En esta última declaración, emitida por la secretaria de prensa de la presidencia, Karoline Leavitt, resulta notorio que ni siquiera se cumplió con la formalidad de señalar que se usarán todos los recursos legales, lo cual deja claro que el trumpismo no se esforzará por guardar ninguna apariencia institucional si decide proseguir hasta las últimas consecuencias su objetivo declarado, que es el supuesto combate al trasiego de sustancias ilícitas, y el real, que es el derrocamiento del gobierno venezolano y la instalación de un régimen títere que entregue a las multinacionales estadunidenses las reservas petroleras más grandes del mundo.
Ayer, la DEA dio un paso más en la campaña de hostigamiento al calificar a Caracas de “Estado narcoterrorista que continúa colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela”. El titular de esa agencia, Terry Cole, denunció también el aumento en la cantidad de metanfetaminas que ingresan a su país y las “cifras récords de fentanilo”.
Tales señalamientos contienen tantas falsedades e imprecisiones que exhiben su naturaleza propagandística: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) fueron disueltas en 2016 y lo que queda hoy son disidencias desautorizadas con rangos de actuación acotados; las metanfetaminas y el fentanilo son sustancias que, hasta donde las propias autoridades estadunidenses indican, ni se producen ni se distribuyen desde Venezuela y tanto el Pentágono como la vocera Leavitt han destacado el “vertiginoso” descenso en el tráfico del opioide.
Más allá de las palabras, la movilización de embarcaciones de guerra es una provocación y una violación a la legalidad internacional con motivaciones neocolonialista: la creencia estadunidense en el “derecho” a deshacerse de los gobiernos que no se pliegan a sus directrices.
Si Washington realmente está preocupado por el consumo de drogas entre sus nacionales, debe comenzar por reconocer que el uso de sustancias ilícitas no es un tema de seguridad nacional, sino de salud pública, el cual sólo puede abordarse de manera efectiva haciendo algo muy distinto de lo que hace el trumpismo: mediante un programa integral de atención a las adicciones y a la salud mental, por un lado, y combatiendo la corrupción interna que facilita el ingreso y la distribución de las drogas.
Nada avanzará la Casa Blanca en su presunto empeño por sacar los estupefacientes de las calles mientras gaste sus recursos humanos y económicos en amenazar a países soberanos, inventar vínculos con el narcotráfico a sus adversarios y confundir a las empresas criminales con grupos terroristas.
Cabe esperar que la condenable embes-tida contra Venezuela sea una más de las baladronadas con que Trump satisface su gusto por el escándalo y la proyección de poder y que, si pretende convertir sus amenazas en alguna modalidad de agresión bélica contra Caracas, encuentre en los estamentos castrenses altos mandos sensatos, capaces de hacerle ver el peligro de entramparse en un conflicto prolongado y desgastante como los que tanto ha criticado a sus antecesores.
Edición: Emilio Gómez
