Opinión
La Jornada Maya
07/09/2025 | Mérida, Yucatán
El tráfico ilegal de combustibles ha sido uno de los mayores problemas para Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT); la paraestatal, porque pierde producto que no llega formalmente al consumidor final y por lo tanto pierde ingresos, y la dependencia porque deja de obtener recursos por medio de los impuestos que conforman el precio de gasolinas y diésel.
En los últimos años, este tráfico, conocido como “huachicol”, fue perseguido en su manifestación más extendida: bandas que conseguían “pinchar” ductos de Pemex e instalar tomas clandestinas de las cuales extraían hectolitros de combustibles que terminaban vendiéndose sin registro contable alguno, incluso a través de concesionarios establecidos.
El resultado fue la adaptación de los grupos delincuenciales. Pasaron de ser simples “ordeñadores” y expendedores, a asociarse con funcionarios en puestos clave y empresarios con suficientes conexiones. La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por presunto tráfico ilegal de combustibles de Estados Unidos a México, junto con directivos de empresas y un servidor público, Francisco Antonio Martínez, ex director de Administración de la Aduana de Tampico, luego de que fuera descubierta la descarga del buque tanque Challenge Procyon, de 10 millones de litros de combustible ilegal en la referida aduana, y que ingresaron a México como aditivos y no como hidrocarburos, para evitar el pago de impuestos, deja ver el tamaño de la corrupción y la fortaleza de la cadena de complicidades.
La Fiscalía Especializada de Delitos en Materia de Hidrocarburos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ha conseguido hasta el momento la captura de siete persona, incluido el vicealmirante Farías Laguna; sin embargo, es razonable esperar resultados más amplios considerando el axioma que dejó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como clave para el combate a la corrupción, al comparar esta acción con la operación de barrer una escalera.
En tanto no se tengan resultados más amplios, las declaraciones que buscan enaltecer al personal naval que sí mantiene una conducta institucional, se corre el riesgo de que un mal elemento sea suficiente como para crear la percepción de que toda la corporación es corrompible.
Por el buen nombre de la Marina, y de todas las fuerzas del orden, la Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a dar seguimiento a las cuatro denuncias que le han sido presentadas y realizar las investigaciones pertinentes de la manera más exhaustiva posible, y hacer públicos los resultados cuando se realicen detenciones.
Edición: Fernando Sierra
