Opinión
La Jornada
29/09/2025 | Ciudad de México
La noche del sábado pasado en la localidad costera de Southport, Carolina del Norte, un individuo disparó desde una lancha contra una multitud que se encontraba en tierra; mató a tres personas y lesionó a varias más. Unas horas más tarde, en la mañana del domingo, otras dos personas fueron asesinadas por un individuo que
abrió fuego en una iglesia mormona de Grand Blanc, Michigan, y fue abatido por la policía. Ambos hechos son parte del escenario cotidiano de violencia extrema e irracional que impera en Estados Unidos desde hace décadas, como lo son el
asesinato del propagandista de ultraderecha Charlie Kirk el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, y
el tiroteo del miércoles 24 en el que murió un inmigrante detenido y otros dos resultaron gravemente heridos en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas. Y aunque se trate en todos los casos de acciones repudiables desde cualquier punto de vista, no son de ninguna manera motivo de sorpresa.
Lo que sí puede considerarse una faceta novedosa en esa suerte de fervor homicida que casi a diario causa tragedias en las más diversas comunidades del país vecino es el afán del gobierno de Donald Trump por instrumentarlas en su discurso de odio contra toda oposición y disidencia y presentarlas como acciones motivadas por lo que el presidente estadunidense llamó “la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda”, un saco en el que mete a todas las disidencias y oposiciones políticas y sociales de su país y les suma a enemigos inventados, como los trabajadores inmigrantes. Más aun, personeros gubernamentales amagan con emprender una persecución basada en la falacia de que los tiradores estarían adscritos a ideologías contrarias al conservadurismo de derecha de la actual administración. La falsedad es insostenible. Una rápida revisión de las masacres perpetradas por individuos solitarios en tiempos recientes en Estados Unidos permite establecer sin lugar a dudas que no existe entre ellos ningún denominador ideológico común, y que los blancos de esos ataques criminales pueden ser desde centros de reunión de la diversidad sexual hasta templos de diversas denominaciones, centros de trabajo, supermercados frecuentados por mexicanos o escuelas primarias, preparatorias y universidades.
Como se señaló en este espacio el jueves de la semana pasada, los ejes rectores de la violencia gratuita y descontrolada en la superpotencia son la crisis de salud mental que afecta a buena parte de su sociedad y el libertinaje en la posesión y portación de armas de fuego de alto poder. Y no puede omitirse el hecho de que la mayor parte de la clase política estadunidense niega o minimiza la primera, en tanto que el bando político de Trump alienta sin tapujos el armamentismo entre los ciudadanos.
Un aspecto particularmente preocupante de las investigaciones sobre dos de los más recientes episodios criminales –el homicidio de Kirk y el tiroteo contra migrantes detenidos en la sede del ICE en Dallas– es que las autoridades presenten supuestas consignas antigubernamentales presuntamente escritas en los casquillos de las balas en poder de los asesinos, una circunstancia tan novedosa como poco verosímil que podría indicar un proceso de fabricación de pruebas más orientado a criminalizar a sectores políticos y sociales que al esclarecimiento y la justicia.
En tal situación, es de temer que la cadena de ataques armados contra grupos de personas inocentes sea empleada para atizar otra violencia: la que la Casa Blanca ha emprendido en contra de opositores, disidentes, migrantes, activistas sociales y hasta empleados públicos.
Edición: Ana Ordaz
