Opinión
La Jornada
02/10/2025 | Ciudad de México
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó a todos los palestinos restantes que salgan de la ciudad de Gaza, amenazándolos con que era su “última oportunidad” y que cualquiera que se quede será considerado un partidario militante y enfrentará “toda la fuerza” de la más reciente ofensiva israelí; es decir, que será asesinado a sangre fría. Decir “ciudad de Gaza” es una mera convención, pues todo lo que queda en lo que alguna vez fue la urbe son pilas de escombros, donde, a decir de Tel Aviv, se ocultan alrededor de 3 mil integrantes armados del grupo de resistencia Hamas entre cientos de miles de civiles inermes.
Como en todas las operaciones llevadas a cabo por Israel en Gaza y Cisjordania desde el 8 de octubre de 2023, la invocación de Hamas es un pretexto para concretar la limpieza étnica con que el régimen de Benjamin Netanyahu se encuentra explícita y abiertamente comprometido, como él mismo y los miembros de su gabinete han declarado en múltiples ocasiones. Con todo, la amenaza de matar a todo hombre, mujer y niño de cualquier edad que no salga de la zona, por la simple razón de que Israel no les ha dejado ningún sitio adonde ir ni medios para desplazarse, supone un nuevo nivel de violencia y desbarata cualquier argumento –si es que quedaba alguno– para disfrazar de “acciones defensivas” la atrocidad genocida de Tel Aviv.
En este contexto, las fuerzas armadas israelíes interceptaron ayer en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla, iniciativa humanitaria compuesta por personas de 46 países –entre ellas, siete de nacionalidad mexicana– que intentaba llevar ayuda urgente a Gaza ante el bloqueo de todas las vías terrestres por parte del ejército invasor. Varias embarcaciones y sus tripulantes fueron secuestrados y trasladados de manera forzosa a territorio israelí en lo que sólo puede calificarse de acto de piratería que confirma la inmunidad de facto de que goza Israel para atacar sin consecuencias a quien quiera, cuando quiera y donde quiera.
Como explicó el jefe alterno de la delegación ante la Comisión Preparatoria de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Craig Murray, la agresión de Israel no sólo constituye una violación flagrante del derecho internacional y parte de lo que la Corte Internacional de Justicia califica de ocupación prolongada ilegal, sino que equivale a una agresión contra el Estado de pabellón de la nave atacada. Por lo tanto, los actos de posesión ilegal de buques o el secuestro de tripulantes deben ser perseguidos por cada país como delitos en su jurisdicción nacional.
Sin embargo, son remotas las posibilidades de que los estados europeos cuyas banderas ondeaban en las embarcaciones violentadas hagan valer las leyes frente a las transgresiones israelíes, pues ni siquiera han procedido al arresto de Netanyahu cuando ha pisado sus territorios, pese a encontrarse obligados a ellos desde que la Corte Penal Internacional ordenó su detención en noviembre de 2024. En particular, es deplorable la farsa puesta en marcha por España, Grecia, Italia y Turquía, cuyos gobiernos se comprometieron a brindar asistencia y seguimiento a la Global Sumud Flotilla, sólo para abandonarla a su suerte incluso antes de que el régimen sionista procedió a atacarla, tal como había anticipado que haría.
En lo inmediato, debe ejercerse toda la presión diplomática, política y económica necesaria para que Tel Aviv libere a las decenas de rehenes tomados en alta mar, sin olvidar a los miles de rehenes palestinos que mantiene secuestrados. Además, es imperativo que se permita la entrada de ayuda humanitaria, tanto la que llevaba la malograda expedición como la aportada por otros organismos, y que se detenga el exterminio del pueblo palestino y el robo de sus territorios.
Edición: Emilio Gómez
