Opinión
La Jornada
08/10/2025 | Mérida, Yucatán
Se cumplieron ayer dos años de la violenta incursión realizada en el sur de Israel, principalmente por la organización fundamentalista Hamas, hecho que detonó el genocidio que desde entonces ha estado llevando a cabo en Gaza el régimen de Tel Aviv. Los hechos del 7 de octubre de 2023 son sin duda abominables y condenables, pero hasta la fecha se carece de un panorama completo de lo ocurrido. La versión del gobierno israelí ha sido retomada en forma acrítica y masiva por los grandes medios, y aceptada por muchos segmentos de la opinión pública en forma simplista: una acción de terrorismo gratuito a gran escala que se cobró la vida de mil 139 israelíes –de los cuales, 766 eran civiles–, además de tres mil 400 heridos y 251 secuestrados que fueron llevados a Gaza; una atrocidad que surgió de la nada y que justificaría la barbarie posterior del exterminio de gazatíes y la destrucción de sus ciudades como una obligada acción defensiva israelí en contra de Hamas.
Dejando de lado una historia de despojo, ocupación, represión y asesinato de palestinos que dura ya 77 años y que ha ido ocurriendo en violación de los principios básicos de la legalidad internacional y a pesar del rechazo de la voluntad mayoritaria de los países, expresada en innumerables resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que obligaría a ver los hechos del 7 de octubre con una mirada más objetiva, debe considerarse que en días, meses y años posteriores a tales sucesos ha surgido información que obliga a reconocer que lo sucedido en esa fecha fue mucho más complejo que una carnicería perpetrada por terroristas.
El primer elemento de la versión israelí que se demostró falso fue el de que los milicianos palestinos habían decapitado a niños y bebés; la ONU, tras una investigación, determinó en marzo del año pasado que no había pruebas creíbles de que hubieran cometido violencia sexual generalizada en el curso de la confrontación, y señaló que la investigación no había podido culminar debido a obstrucciones del gobierno de Israel.
La organización palestina, por su parte, defendió la incursión como una acción bélica dirigida contra objetivos militares israelíes –de hecho, los atacantes sufrieron mil 609 bajas mortales y acompañaron la acción en tierra con un intenso bombardeo de cohetes sobre diversas zonas de Israel– y aseveró que muchas de las muertes se produjeron como consecuencia de fuego cruzado o por acción de las propias fuerzas de Tel Aviv, como habría sido el caso en el festival de música de Reim, a donde sus efectivos habrían llegado por una confusión y habrían sido atacados, junto con la concurrencia, por helicópteros israelíes. Asimismo, afirmó que algunos de los muertos civiles eran colonos israelíes armados que trataron de presentar resistencia a la incursión.
Más inquietante aún, en su edición del 7 de julio de 2024 el diario israelí Haaretz consignó que en la incursión Tel Aviv puso en práctica la llamada Directiva Hannibal, que prescribe el asesinato de militares o civiles israelíes que se encuentren en riesgo de ser capturados por fuerzas contrarias a Israel. Tal consigna habría sido aplicada al menos en tres cuarteles en los que se habían infiltrado los combatientes de Hamas, lo que indicaría que un número indeterminado de los muertos israelíes fueron ultimados por sus compatriotas. Y resulta desconcertante que el régimen que encabeza Benjamin Netanyahu supo por medio de sus servicios de inteligencia, con una antelación que iba de un año a varias horas, según las fuentes, que el ataque se produciría y que no hizo nada para prevenirlo.
Incluso hay testimonios de soldados israelíes según los cuales se les ordenó suspender las rondas rutinarias de vigilancia en la frontera de Gaza horas antes de la incursión palestina.
En suma, lo que realmente sucedió en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 sigue siendo en buena medida desconocido. En cambio, lo evidente e innegable es que esa confrontación fue usada como detonador de una masacre mucho más extendida y masiva, que es la que aún está en curso en Gaza, en la que han perdido la vida casi 70 mil personas –niñas, niños, mujeres y ancianos, en su mayoría–; de la destrucción de localidades gazatíes sobre las que Israel ha arrojado más de 200 mil toneladas de bombas, y de un genocidio con el que se pretende consumar el despojo final de territorio palestino por parte del régimen de Tel Aviv.
Edición: Estefanía Cardeña