Opinión
La Jornada
10/11/2025 | Ciudad de México
En la presentación del
Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, realizada ayer en Palacio Nacional, quedó claro que a prácticamente la totalidad del gabinete legal y ampliado le fueron asignadas tareas en casi todos los ámbitos para combatir la violencia y la delincuencia que afectan a esa entidad y que tuvieron en el asesinato del alcalde de Uruapan,
Carlos Manzo, una expresión particularmente trágica y atroz que provocó una oleada de indignación y protestas
Al margen de los punitivismos, el populismo penal, los delirios militaristas y los intentos por aprovechar el justo enojo social por la inseguridad como un instrumento de golpeteo político en contra del gobierno, es claro que el deterioro de la seguridad pública y el auge de la criminalidad son fenómenos de larga data que se potenciaron con una masiva supresión o reducción de derechos a lo largo de décadas. En esa medida, la paz y el pleno estado de derecho sólo pueden lograrse restituyendo tales derechos: a la alimentación, a la salud y la educación, al trabajo, a la vivienda, a una vida libre de violencias, al transporte y otros servicios básicos, a la cultura y el deporte, entre otros.
En combinación con la escucha y el aliento a la participación social, la creación de la Guardia Nacional, el reforzamiento de la inteligencia policial, la prevención, los golpes financieros a los grupos delictivos y el saneamiento del Poder Judicial, ésa ha sido, en lo fundamental, el contenido principal de la estrategia de seguridad instaurada desde diciembre de 2018 en el país, estrategia que ha sido continuada, en lo fundamental, a partir de octubre del año pasado.
El Plan Michoacán se presenta ahora como la más ambiciosa y profunda aplicación regional de esos lineamientos; por ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum planteó la pertinencia de desarrollar en la entidad michoacana no sólo acciones de seguridad pública en estricto sentido –que correrán a cargo de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa y Marina–, sino también medidas educativas, sanitarias, sociales, económicas, agrarias y culturales, entre otros rubros.
Ciertamente, para que este paquete de acciones cumpla sus objetivos, se requerirá de un estrecho seguimiento gubernamental en todas las dependencias involucradas –en lo federal y lo estatal– y de una activa participación social. De ello dependerá que se logre desactivar una violencia tan añeja como multifactorial y recuperar la paz y la seguridad pública a la que la sociedad michoacana tiene derecho.
Más aun, cabe desear el éxito del Plan Michoacán porque de él podrán extraerse experiencias para la pacificación de otras zonas y entidades todavía afectadas por el accionar de grupos delictivos.
Edición: Ana Ordaz
