Opinión
La Jornada
24/11/2025 | Mérida, Yucatán
El gobierno federal, a través del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste), se ha fijado como meta para este sexenio la entrega de 1.8 millones de unidades domésticas que, dado el sector de la población al que se destinarán, pronto deberán transformarse en verdaderos hogares.
En efecto, el programa de Vivienda para el Bienestar se enfoca en trabajadores cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, o los 16 mil 728 pesos al mes; o bien familias que no cuenten con seguridad social. No serán mansiones, pero en 60 metros cuadrados como mínimo deberán acomodarse tres recámaras, cocina, baño y área común; el precio de cada casa rondará los 600 mil pesos, con tal de que el pago mensual no exceda un tercio del ingreso familiar. Lo que se ofrece es la garantía del derecho a una propiedad inmueble, en el cual pueda residir dignamente una familia nuclear que de otra forma no tendría modo de contar con un techo propio.
Desde esta perspectiva, el programa responde a un objetivo humanista, asegurando que quienes menos ingresos tienen puedan, eventualmente, contar con un espacio propio y que el dinero que se gana resulte en un beneficio directo en lugar de destinarlo al pago de rentas, con el riesgo de que en algún momento resultar desalojados porque el propietario optó por vender y el vecindario se encuentra en proceso de gentrificación.
Pero el que se construya vivienda social va mucho más allá del pretendido humanismo. La finalidad es también económica y de largo aliento. Precisamente, el ramo de la construcción es uno de los que mayor contribución realizan al Producto Interno Bruto (PIB), que ronda entre el seis y siete por ciento, aparte de que genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos. Pero esto es solamente la parte que corresponde a la obra: cuando una familia recibe una casa se activan otros sectores de la economía y al final lo que se tiene es la circulación del dinero y la correspondiente generación de ingresos al erario, por la vía fiscal.
En unos cuantos días deberán entregarse las primeras 6 mil viviendas prometidas para este sexenio, pero quienes las reciban difícilmente podrán detenerse en la recepción de sus escrituras. Faltará hacer habitable la propiedad, conforme sus posibilidades; pero esto implica la adquisición de material eléctrico, desde chalupas y apagadores hasta lámparas y plafones; luego, llaves, manerales, mezcladoras y regaderas; para seguir con cancelería, protectores de ventanas; en fin, trabajos de herrería, plomería y electricidad, a los que deberán sumarse la adquisición de muebles y electrodomésticos, conforme sea posible.
Sin duda, el cambio de paradigma en cuanto a la oferta de vivienda destinada a los trabajadores a través del Infonavit, el Fovissste o la Conavi conlleva beneficios para los prestadores de servicios y los negocios privados. Cuando obtener pingües ganancias era el objetivo, el dinero del pago del crédito terminaba en manos de las empresas constructoras. La revisión de condiciones de casi 5 millones de créditos ha conducido a la recuperación de cartera -y de hogares -para más de 2 millones de derechohabientes que ahora pueden destinar a otras necesidades el dinero que antes se iba a un crédito impagable.
Brindar acceso al mercado de la vivienda a quienes menos ganan o se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad -como es trabajar en la informalidad -es justicia práctica que permite a quienes accedan a una propiedad obtener otros beneficios que suelen ser imperceptibles, como el poseer un historial crediticio formal, además de poder decidir sobre el destino de su dinero. Sin embargo, lo que se obtiene una vez que se mira con amplitud, es el mayor reparto de cada peso, lo que se traduce en desarrollo para más negocios y prestadores de servicios, en lugar de la concentración en unas pocas manos. Ese es el mayor beneficio social.
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Edición: Estefanía Cardeña