Opinión
La Jornada Maya
02/12/2025 | Mérida, Yucatán
Si bien las mujeres han sido parte de la fuerza laboral remunerada por lo menos desde los tiempos de la Revolución Industrial, su ingreso al mercado del trabajo suele contemplarse como un fenómeno social, transformador, desde el periodo 1939 -1945, la Segunda Guerra Mundial; cuando entraron a las fábricas y a desempeñarse en puestos que anteriormente eran ocupados por hombres, pero estos fueron enviados a los distintos frentes.
Lo cierto es que al momento de pagar por el mismo trabajo, las desigualdades se hicieron evidentes y por algún tiempo se tomaron como algo normal. Ya Jorge Ibargüengoitia indicaba, en Instrucciones para vivir en México, que emplearlas en los campos de fresa de Irapuato resultó ventajoso para los patrones; primero porque tenían más cuidado en la recolección de la fruta, segundo porque, al carecer de una tradición de organización, se les podía pagar menos.
La corrección de esta injusticia sigue como una demanda en la agenda nacional e internacional. Sin embargo, también es una realidad que cada vez hay más mujeres en el mercado laboral, como ha presentado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su medición Estados #ConLupaDeGénero, en la que se observa que los estados que integran la península de Yucatán se encuentran en posiciones adelantadas, aunque no alcanzan aún las de Alto y Muy Alto en la escala establecida.
Lo que refleja el resultado de la encuesta del IMCO es el porcentaje de mujeres pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA) que realizan un trabajo remunerado. Debe reconocerse lo alcanzado por los tres estados, cuando en Campeche participa el 63 por ciento (sexto lugar), mientras que en Yucatán lo hace el 62.1 (octavo) y en Quintana Roo el 58.1 por ciento (duodécimo).
Sin embargo, el estudio se ocupa exclusivamente de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, y apenas menciona las desigualdades en cuanto al ingreso. El énfasis, que también es indicador de los avances en educación de los últimos años, está en el nivel de estudios que alcanzan las mujeres. Aquí es interesante encontrar que Quintana Roo supera a sus vecinos con 48.5 por ciento de su población femenina mayor de 18 años con al menos educación media superior (bachillerato); mientras que en Campeche el porcentaje es del 43.5 y en Yucatán del 42 por ciento. Son porcentajes que habrá que mirar con detenimiento próximamente, puesto que en el Censo de Población y Vivienda 2020, los tres estados se ubicaron por debajo de la media nacional en escolaridad general, que entonces fue el equivalente a la secundaria concluída.
Aún así, son muchas las variables que deben atenderse si se espera que 29 millones de mujeres alcancen su potencial en la economía remunerada. Aunque el análisis podría revelar las áreas de oportunidad del mercado laboral para que cualquier persona pueda satisfacer sus necesidades y las de su familia desempeñándose en un solo puesto u ocupación. Así como la desigualdad de género en el puesto y la oferta de empleos de calidad -formales, que permitan adquirir la canasta básica conforme a la Constitución, que cumplan con el principio de paga igual a trabajo igual - son atribuibles a los empleadores, la disponibilidad de cuidados, los niveles de violencia y la brecha educativa implican una coordinación sumamente compleja entre las autoridades.
El crecimiento de la economía remunerada, y formal, es indispensable para mejorar la calidad de vida en México. Atendiendo a las mujeres, y ampliando su participación, el beneficio se traducirá en un incremento sustancial del Producto Interno Bruto (PIB), que a su vez debe ser equivalente a la superación de desigualdades en acceso a oportunidades, servicios y seguridad.
Edición: Fernando Sierra
