Reforma electoral ante un nuevo sistema de partidos

Mérida fue sede de la última consulta para la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El evento contó con la presencia del ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien, en representación de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, escuchó las propuestas y opiniones presentadas en tribuna. Estas consultas comenzaron a mediados de septiembre en diversas entidades federativas y tienen como propósito recoger las voces de la ciudadanía para elaborar una iniciativa que se presentará ante el Congreso de la Unión en febrero de 2026.

Es importante subrayar la necesidad de esta reforma. El sistema de partidos mexicano experimentó un cambio trascendental en 2018, cuando Morena llegó a la Presidencia de la República y puso fin al sistema multipartidista dominado por el PRI, el PAN y el PRD, partidos que concentraron alrededor del 90 por ciento de las preferencias electorales en contiendas nacionales desde 1988. En Yucatán, ese mismo año concluyó también el sistema bipartidista PRI-PAN que caracterizó la competencia local durante tres décadas. Aunque Morena no ganó la gubernatura, obtuvo 20.4 por ciento de la votación, una cifra inédita para un tercer lugar en la entidad; hasta entonces, el mejor resultado para una fuerza distinta al PRI y al PAN había sido el de la coalición PRD-PT-MC en 2012, con 5.3 por ciento.

Este contexto es relevante porque los cambios en el sistema de partidos mexicano suelen ir acompañados de reformas electorales profundas. Por ejemplo, la reforma de 1946 nacionalizó los procesos electorales al asignar a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral la organización y vigilancia de las elecciones. Además, en 1946 se refundó el partido del régimen (el PRM) para integrar a las principales fuerzas revolucionarias del país en un nuevo partido nacional: el PRI. La combinación de la centralización de la organización electoral y la consolidación de un partido oficial de alcance nacional dio pie a un sistema de partido hegemónico, en el que el PRI dominó la competencia electoral durante cuatro décadas.

Posteriormente, las reformas de 1977 y 1986 respondieron a las críticas sobre la falta de democracia y permitieron, aunque de manera acotada, la participación de un mayor número de fuerzas políticas. Estas reformas abrieron el espacio a una competencia que, si bien aún no era suficiente para propiciar una alternancia presidencial, sí contribuyó a que la elección de 1988 se convirtiera en un hito: fue la primera vez que el PRI no dominó la contienda presidencial debido al nivel de competencia demostrado por Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier del Frente Democrático Nacional y del PAN, respectivamente. También fue la primera elección en la que el PRI no obtuvo mayoría calificada en la Cámara de Diputados, consiguiendo solamente la mayoría simple. Ese proceso marcó el inicio del sistema multipartidista PRI-PAN-PRD que, en el ámbito estatal, se manifestó en múltiples bipartidismos, como el caso de Yucatán.

La reforma que hoy se construye tras el fin de ese sistema multipartidista es una oportunidad para atender demandas planteadas por la ciudadanía durante años, como la reducción del número de legisladores o el replanteamiento de la representación plurinominal. Asimismo, permitirá actualizar el sistema electoral frente a los avances tecnológicos, lo que implica discutir la implementación del voto electrónico, la regulación de la comunicación política en redes sociales e incluso el reconocimiento de fenómenos que están determinando la manera en la cual conviven y socializan las nuevas generaciones, como el metaverso o los espacios de comunidad virtual.

Todas y todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de conocer, opinar y vigilar la reforma electoral que habrá de presentar el Poder Ejecutivo, pues se trata de un asunto que atañe a la sociedad en su conjunto. El sistema electoral define las reglas mediante las cuales elegimos a quienes nos representan en los espacios de decisión y determina cómo ejercemos nuestra vida democrática. La reforma está siendo impulsada desde la Presidencia, que es la institución de mayor peso político en el país, y se construye de la mano del pueblo mexicano con el propósito de garantizar su legitimidad y asegurar que responda de manera efectiva a las necesidades sociales. Ante esta apertura, la ciudadanía tiene el deber de velar porque la reforma conduzca a un sistema más justo, transparente y democrático.

Edición: Fernando Sierra